El expresidente peruano Ollanta Humala denunció el jueves que la fiscalía quiere reabrirle un proceso ya archivado por la desaparición de dos personas, basándose en evidencia conseguida con espionaje telefónico.
"Hubo un proceso de investigación de ese caso y se cerró en 2009, y ahora con unos audios conseguidos por espionaje telefónico se trata de abrir", dijo el exmandatario (2011-2016), quien reconoció su voz en los audios que tiene el fiscal Germán Juárez.
El tema volvió a debate tras la transcripción de los audios por parte de la prensa peruana, donde un testigo de la desaparición de las dos personas en 1992 asegura que le pagaron 4 mil 500 dólares para desistir de acusar a Humala en el crimen.
"Me dieron 4 mil 500 dólares, pero en partes", dice el testigo Jorge Avila en el relato publicado por el diario El Comercio, aludiendo a la suma que recibió de supuestos allegados de Humala para no incriminarlo.
El caso se remonta a 2006 cuando se abrió proceso a Humala por el secuestro y desaparición en 1992 de Natividad Ávila y de Benigno Sullca, en el distrito de Madre Mía, región central de Huánuco, cuando era capitán del Ejército y combatía a las guerrillas.
Jorge Avila, testigo del hecho, se retractó de su testimonio original de acusar a Humala, por lo que el caso fue archivado. En agosto de 2009, una sala penal de la Corte Suprema resolvió en última instancia no procesar a Humala por ese caso.
Humala dijo que los audios que el fiscal Juárez tiene fueron conseguidos con espionaje telefónico del que fue víctima entre 2006-2011, cuando él era candidato presidencial y gobernaba Alan García.
"Alan García, presidente en ese momento, debió haber tenido conocimiento de que yo era espiado", aseveró Humala en rueda de prensa. García rechazó esta versión y embistió contra su sucesor. "Torpe intento humalista para distraer del crimen de Madre Mía. Las grabaciones fueron por orden judicial a pedido del fiscal", escribió García en Twitter.
El abogado de Humala, Julio César Espinoza, admitió que los audios podrían servir para reabrir el caso, aunque subrayó es necesaria una nueva investigación.
"Los audios de un supuesto pago a testigo para cambiar su versión fueron remitidos a la fiscalía antiterrorista. Solo podría abrirse el caso tras una investigación que duraría de uno a dos años, y se tendría que comprobar falsedad testimonial", indicó.
Perú vivió entre 1980 y el 2000 una guerra contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA que dejó 69 mil muertos, según una Comisión de la Verdad.