Opositores nicaragüenses se movilizaron el domingo en Managua para exigir la libertad de personas detenidas durante protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, pese a un fuerte despliegue policial que les impidió marchar, según líderes del movimiento.
Los manifestantes iban a participar en la llamada marcha "por la libertad" convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), pero renunciaron a desfilar por la capital y formaron piquetes tras comprobar que cientos de agentes antidisturbios ocupaban la ruta por la que tenían previsto pasar.
La policía había negado el sábado a los organizadores el permiso para marchar por supuesto incumplimiento en los requisitos para dicha solicitud. Las autoridades han negado varias veces el permiso a las marchas opositores desde septiembre, calificándolas de ilegales.
"No hay espacio en Nicaragua para disentir libremente sin riesgo a ser detenido o sin riesgo a ser objeto del uso de la fuerza pública o actos de amenaza, asedio y hostigamiento", dijo la UNAB en un comunicado.
"No sigan avanzando, hagan su plantón (mitín) donde estén, (porque) tenemos una militarización dos o tres veces más fuerte" que en otras convocatorias, pidió la dirigente de la UNAB Ivania Álvarez a los manifestantes.
Los opositores se refugiaron en algunas iglesias, incluidas la catedral, y en otros puntos de Managua que fueron rodeados por los agentes antidisturbios.
Pese al enorme despliegue no se reportaron incidentes importantes.
Uno de los grupos más numerosos se congregó en el predio de la catedral, mientras decenas de patrullas estaban apostadas afuera.
"Libertad para los presos políticos", "democracia sí, dictadura no", "pueblo únete" eran las consignas de los manifestantes en distintos piquetes formados en la capital.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció a través de Twitter para instar al gobierno a "asegurar las condiciones para garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica", según compromisos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo declaraciones en términos similares.
La UNAB, integrada por unos 40 grupos políticos y sociales, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), negocian con el gobierno para encontrar una solución pacífica a la crisis que afecta al país desde hace un año.
Las protestas antigubernamentales han dejado 325 muertos, casi 800 detenidos y unos 62,000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
El gobierno y la ACJD alcanzaron a finales de marzo un acuerdo parcial para liberar a los detenidos en las protestas en un plazo que vence el 18 de junio y garantizar el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos el de reunión y protesta.