Los organismos de control de Venezuela, agrupados en el Consejo Moral, rechazaron este jueves la posibilidad de abrir un proceso para destituir a los magistrados del máximo tribunal, como pedía el Parlamento dominado por la oposición.
El también llamado Poder Moral desestimó una solicitud del Legislativo para declarar que los jueces cometieron una "falta grave" al asumir temporalmente las competencias parlamentarias, dijo el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
Este requisito era necesario para que la Asamblea Nacional, de amplia mayoría opositora, pudiera votar la destitución de los jueces, a los que acusa de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"El Consejo Moral Republicano acordó declarar la improcedencia de la referida solicitud, toda vez que este órgano de expresión del Poder Ciudadano considera inoficioso emitir pronunciamiento sobre las presuntas faltas incurridas por los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia", señaló el defensor.
Ello, debido a que las sentencias del 28 y 29 de marzo del año 2017 ya fueron de oficio aclaradas mediante decisiones complementarias", añadió Saab a la televisora gubernamental.
Con los fallos a los que se refería el defensor, el Tribunal Supremo asumió temporalmente las competencias del Parlamento y dejó sin inmunidad a los diputados. Ambos dictámenes fueron anulados parcialmente el sábado.
El Consejo Moral está constituido, además del defensor, por el contralor y la fiscal general, quien declaró la semana pasada que los dictámenes suponían una "ruptura del orden constitucional".
Saab no precisó con cuántos votos se aprobó la decisión. La oposición marchó este jueves para exigir la destitución de los magistrados y elecciones generales para resolver la grave crisis política y económica que atraviesa el país. Pero Maduro descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018.