Luisa Ortega Díaz, quien fungió como fiscal general de Venezuela hasta el 5 de agosto de 2017, cuando fue destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se pronunció desde el exilio en ocasión de los 48 años de creación del Ministerio Público.
El comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, lleva el logotipo de la institución y es firmado en calidad de fiscal general. De hecho, en cada foro al que ha asistido desde que salió de Venezuela el 18 de agosto, Ortega se presenta como la "legítima" fiscal general.
En su mensaje, Ortega dice a los funcionarios de la institución que pronto pasará el período de oscuridad que afecta a la institución y al país.
"Con absoluta responsabilidad y compromiso de futuro, asumo ante ustedes los errores que no nos permitieron a tiempo frenar la oleada autoritaria que se impuso sobre nuestra institución y el orden constitucional del país", señala en uno de sus párrafos el comunicado, en el que también llamó a los funcionarios a tener fortaleza.
La depuesta fiscal general, que se encuentra asilada en Colombia, manifestó que a diario se comunica con funcionarios del Ministerio Público, quienes le relatan la progresiva destrucción a la que está siendo sometida la entidad, en desmedro de los derechos humanos de los venezolanos.
Mensaje a los trabajadores del Ministerio Público en su 48vo Aniversario #26Nov #Venezuela🇻🇪 pic.twitter.com/FVnkfE9TnZ
Mensaje a los trabajadores del Ministerio Público en su 48vo Aniversario #26Nov #Venezuela🇻🇪 pic.twitter.com/FVnkfE9TnZ
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) November 26, 2017
Advirtió de que el gobierno de Nicolás Maduro pretende ahora, “desde la más profunda ignorancia del derecho penal", hacer ver una efectividad ilusoria que, afirma, obedece a "una guerra entre bandas delincuenciales que se pasan facturas y utilizan a los fiscales para ejecutar sus venganzas”.
Ortega fue una colaboradora del gobierno de Hugo Chávez y luego del gobierno de Maduro hasta que, en marzo pasado, tras unas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que restaban competencias a la Asamblea Nacional y allanaban el fuero de los diputados -de mayoría opositora electos en diciembre de 2015-, denunció la ruptura del orden constitucional del país.
A partir de ese momento, Ortega empezó a cuestionar acciones del régimen, se opuso a la convocatoria y constitución de la constituyente, denunció el excesivo uso de la fuerza de los militares y los policías venezolanos durante las protestas opositoras, llegando a imputar a agentes del gobierno por los crímenes.