El papa Francisco emitió un decreto el sábado con el objetivo de impulsar la transparencia en las finanzas del Vaticano, sometidas a escrutinio desde la filtración de documentos secretos que revelaron serias irregularidades.
El pontífice revocó en un "motu proprio" una ley que transfería las competencias de la autoridad a cargo de las propiedades inmobiliarias del Vaticano (ASPA) a la secretaría de Economía, dirigida por el cardenal George Pell.
De esa forma, la normativa dejaba en manos del departamento de Pell tanto la gestión de los activos como el control sobre esa gestión.
"Es de máxima importancia que los órganos responsables de la vigilancia estén separados de aquellos que deben ser vigilados", subrayó Francisco en el nuevo documento publicado por el Vaticano.
El decreto indica que los "bienes terrenales" de la Iglesia Católica están "destinados al culto divino, el mantenimiento honesto del clero, el apostolado y las obras de caridad, especialmente al servicio de los pobres".
El texto enfatiza "la necesidad de poner la máxima atención para garantizar que la administración de recursos económicos siempre sirva a dichos fines".
La publicación de esta normativa llega dos días después de que un prelado y un experto en relaciones públicas fueran hallados culpables de participar en la filtración de documentos que revelaban una mala gestión de las finanzas Vaticanas.
Entre las revelaciones más llamativas destacaba el hecho de que, de la recaudación total del Denario (colecta de donaciones de las diócesis y católicos de todo el mundo destinadas al Papa de Roma), menos del 20% acababa siendo empleado en obras de caridad.
El resto se veía absorbido por la burocracia vaticana y una parte contribuía a sufragar el lujoso estilo de vida de ciertos cardenales.
El experto vaticano Andrea Torniello señalaba en un artículo en el suplemento de La Stampa Vatican Insider que Francisco ha hecho un importante añadido al estatuto redactado en 2014, al incluir la frase "en base al criterio establecido por la Autoridad Superior".
Torniello considera que esas palabras recuerdan la responsabilidad del Papa en la evaluación de transacciones de importancia y limitan el poder de Pell y del cardenal Domenico Calcagno, a cargo del APSA.