El Parlamento francés promulgó este miércoles 9 de agosto un proyecto de ley sobre la moralización de la vida política, uno de los caballos de batalla del presidente Emmanuel Macron, elegido tras una campaña marcada por los escándalos.
Este texto, aprobado por una amplia mayoría de la Asamblea Nacional, incluye la supresión de la "reserva parlamentaria", una ayuda financiera que diputados y senadores distribuían hasta ahora a las comunas y asociaciones de su elección.
El Parlamento había adoptado la semana pasada los primeros textos de moralización, que prohíben los empleos a familiares o colaboradores, una cuestión que ganó fuerza durante la campaña presidencial.
El candidato preferido de la derecha, François Fillon, se hundió en los sondeos tras la revelación de presuntos empleos ficticios de su esposa e hijos. Al final fue eliminado en la primera vuelta presidencial.
En medio de este ambiente, el ministro socialista del Interior, Bruno Le Roux, en la mira por el empleo de sus hijas, dimitió en marzo, tres meses después de su nombramiento.
Por su parte, el primer ministro de Justicia del quinquenio de Emmanuel Macron, François Bayrou, quien había presentado la ley de moralización, tuvo que dejar el cargo por las sospechas de empleos ficticios en el Parlamento Europeo que afectaban a su partido, el centrista MoDem.
Eurodiputados franceses de todos los flancos se vieron afectados por la tormenta de los asistentes parlamentarios europeos, con diferentes investigaciones abiertas en Francia.
El martes fue el exministro Michel Mercier, quien tenía que entrar al Consejo Constitucional, quien renunció a su cargo tras la apertura de una investigación sobre el empleo de sus hijas como asistentes parlamentarias.
Ahora, los ministros, diputados o representantes locales ya no podrán contratar a un cónyuge, concubino (a), padres o hijos. Se enfrentan a una pena de tres años de prisión y 52 mil dólares de multa y, en algunos casos, la restitución de las cantidades pagadas.
También se aprobaron un dispositivo de reembolso con justificantes para los gastos de los diputados y una pena complementaria de inelegibilidad por falta de integridad.
Las medidas fueron saludadas por la rama francesa de Transparencia Internacional, que no obstante lamentó que el texto no fuera más allá. Incluso, consideró, "supone un retroceso preocupante en lo que respecta a la definición de los conflictos de interés", que ahora excluyen los conflictos de interés en el sector público.