En los últimos seis meses han sido asesinados 12 periodistas en América Latina, “dejando a la región mayores dosis de censura y autocensura, y a nuestras sociedades peor informadas sobre los asuntos de interés”, indicó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Paolillo presentó su informe semestral durante la Asamblea General de Medio Año, que celebra la organización en Punta Cana, República Dominicana, hasta el próximo domingo.
México y Brasil encabezan “la macabra lista”, con cuatro comunicadores abatidos cada uno. En Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela completan la lista, con un muerto cada uno.
Paolillo pidió la no prescripción de los crímenes contra periodistas y que estos sean considerados delitos de lesa humanidad.
El informe da cuenta de otras amenazas y ataques contra el ejercicio del periodismo.
Cuba, pese a reanudar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, continúa aplicando mecanismos de represión que derivaron en mil 200 detenciones; de ellas, 319 se produjeron durante la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la isla, en marzo pasado. No obstante, sí se reconoce que el gobierno de los hermanos Castro ha “suavizado” el tratamiento a la prensa internacional.
En Venezuela, tres periódicos cerraron en los últimos seis meses y 80 más están evaluando seguir el mismo camino, ante las restricciones en el suministro del papel periódico. Tampoco se ha dado cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al gobierno de Nicolás Maduro restituir la señal y los equipos incautados a Radio Caracas Televisión.
En Bolivia, los seguidores del presidente Evo Morales han propuesto regular las redes sociales y se ha dificultado la renovación de las licencias de operación a radioemisoras.
“Hay una fundada sospecha de que el gobierno de Morales esté aplicando una política de represalias contra aquellos que, mal que bien, sostienen líneas editoriales independientes o críticas”, reza el informe.
En Ecuador, continúan las acciones contra la prensa: en los últimos seis meses se han impuesto 78 medidas disciplinarias entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias, amonestaciones escritas y otras sanciones a los medios de comunicación. “Huelga decir que continuaron las constantes amenazas e insultos contra los periodistas”.
En Chile, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para establecer el “derecho al olvido digital”, incentivado por una sentencia de la Corte Suprema que obligó a un medio a borrar una noticia que había publicado. Colombia es otro país donde el llamado “derecho al olvido” está “gozando de buena salud”: una sentencia dicta que los medios, por sí solos, deberán actualizar la información sobre la situación legal de una persona, a medida que cambie su estatus.
En Estados Unidos, surgió una controversia por las órdenes judiciales para facilitar el acceso a mensajes encriptados en teléfonos inteligentes y la disputa entre dos derechos constitucionales: el que defiende el gobierno sobre la seguridad nacional y el de Apple y otras compañías, sobre el derecho a la privacidad de sus clientes.
Sobre Panamá, el informe de Paolillo destacó las dos sentencias judiciales contra La Prensa y Panamá America, “un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentiva la investigación periodística sobre asuntos de interés público”.
Igualmente, recoge su preocupación por el paquete de reformas al Código Electoral, que todavía no ha sido discutido en la Asamblea.