Perú inició el viernes la construcción de un aeropuerto internacional en Chinchero, región Cusco, una obra de 500 millones de dólares que permitirá ampliar el flujo turístico en esta región del país altamente demandada por el turismo.
La Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, integrada por la argentina Corporación América y el peruano Andino Investment Holding, ganó la concesión el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala, pero había sufrido constantes postergaciones.
La obra, una asociación público-privada, estuvo a punto de ser paralizada nuevamente esta semana por cuestionamientos a una adenda en el contrato que carga en el Estado el 80% del financiamiento. No obstante, para el gobierno, ese cambio abarata los costos originales a la mitad.
Los opositores del gobierno también cuestionaron la elección del territorio para la edificación de esta obra, a unos 30 km del centro del Cusco, ya que el terreno se encuentra a 3 mil 700 metros de altura, donde se dificultaría la operación aérea, por la frecuencia de lluvias y neblina.
Los posibles nuevos retrasos generaron protestas de la población, que espera que la obra genere puestos de trabajo. "Aquí habrá una pista de 4 mil metros y un terminal para 20 mil pasajeros (diarios). O sea, todos esos loquitos que dicen que de aquí no se va a poder despegar, que no habrá facilidades, que se tomen una pastilla" dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra, en medio de vítores de la población.
Actualmente, el aeropuerto local del Cusco, región que alberga a la mítica Machu Picchu, tiene capacidad para 3 mil pasajeros diarios pero recibe a 5 mil.
Los opositores de Kuczynski cuestionaron también la capacidad financiera del concesionario, que sólo arcará el 20% del presupuesto de construcción. "Se ha pervertido lo que significa una asociación público-privada", dijo la legisladora fujimorista Rosa Bartra.
Los cuestionamientos a la adenda al contrato se dio en un momento de mucha sensibilidad en Perú ante casos de corrupción en la construcción de obras, tras la revelación que hizo hace unas semanas la constructora brasileña Odebrecht de haber entregado 29 millones de dólares a funcionarios para adjudicarse obras del 2005-2014.