El gobierno peruano, al amparo de facultades otorgadas por el Congreso para legislar, decretó normas de lucha contra la corrupción, entre ellas la inhabilitación perpetua, llamada "Muerte Civil", para que las empresas implicadas en corrupción no ganen contratos con el Estado.
"No habrá más corruptos trabajando para el Estado. Ya se puede establecer la inhabilitación perpetua o Muerte Civil. Será requisito para trabajar con el Estado y causal de destitución haber sido sentenciado por delito de corrupción o admitido como el caso de Odebrecht", dijo la ministra de Justicia, María Pérez Tello, en rueda de prensa de los ministros, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
La constructora brasileña Odebrecht no volverá a contratar obras con el Estado peruano por haber incurrido en actos de corrupción, dijo Zavala.
"Ya no vamos a contratar nuevos proyectos con empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido participación en estos actos", precisó.
La empresa brasileña admitió, hace unas semanas, haber pagado sobornos en nueve países latinoamericanos, entre ellos Perú, por "centenas de millones de dólares" para obtener contratos, según documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además, la empresa alcanzó un acuerdo con la Fiscalía peruana para un acuerdo preliminar comprometiéndose a suministrar información y a devolver 8.8 millones de dólares como un adelanto de las ganancias ilícitas que obtuvo en el país.
"Esperamos que con las medidas tengamos cerrojo para los corruptos", señaló.Otra medida es protección para el denunciante de actos de corrupción en el Estado, a fin de fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de un hecho de corrupción pueda denunciarlo.
El Ejecutivo culminó la semana pasada la emisión de 112 decretos, al amparo de las facultades que le dio el Congreso, en temas de lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, reactivación económica, saneamiento y simplificación de trámites.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo que en el paquete hay 33 normas para luchar contra la inseguridad ciudadano, uno de los principales problemas de los peruanos.
Destacó tres: "la pena de cárcel efectiva para quien ilegalmente porte una arma, cárcel efectiva para los ciudadanos y policías involucrados en coimas, y la inhabilitación de celulares robados o perdidos, a fin de disminuir el robo de esos aparatos".
Este jueves Zavala acudirá junto con los ministros al Congreso para exponer y sustentar las normas. El Parlamento puede aprobarlas, cambiarlas o rechazarlas, según la Constitución.
