Un tribunal peruano ordenó este martes al gobierno devolver a la empresa Odebrecht $157 millones que había retenido luego de la venta que hizo la constructora brasileña de una central hidroeléctrica en el país.
La jueza María Álvarez resolvió el caso basada en un acuerdo entre la procuraduría peruana y Odebrecht, señaló el Poder Judicial.
La resolución indicó que el convenio de delación premiada o "colaboración eficaz" opera de "modo eficiente".
Ello ha permitido que Odebrecht admita responsabilidad en cinco casos de corrupción a funcionarios y empresarios, resaltó el diario La República en su edición electrónica.
El principal argumento de la resolución -emitida el 28 de octubre, pero recién difundida este martes- es que todas las partes (empresa demandante, fiscalía y procuraduría) están en consenso con el reembolso.
"No hay nada que definir en términos de controversia. El acuerdo aprobado por la jueza debería ejecutarse en sus propios términos por todos los legitimados", dijo el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato/Odebrecht, al Canal N de televisión.
Una ley obliga a que la venta de los activos de la constructora pase a un fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil. La forma en que se está aplicando esta norma, según Odebrecht, le está complicando tanto sus operaciones de venta como el pago a sus proveedores.
En agosto del 2017, Odebrecht firmó un acuerdo con el consorcio China Three Gorges Corporation (CTG), para la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, la tercera más grande del Perú.
El monto de la venta se destinó a un fideicomiso, donde se depositaron 315.6 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica, ubicada en la región Huánuco (centro).
Mediante la delación premiada, exdirectivos en Perú de la cuestionada compañía brasileña vienen entregando evidencias a fiscales peruanos en Brasil, que pueden llevar a prisión a políticos y a tres expresidentes. A cambio ellos no serán procesados por la justicia peruana.
Entre los expresidentes figuran Alejandro Toledo (2001-2006); Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)y Ollanta Humala (2011-2016).
Otro salpicado por el escándalo era el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que se suicidó cuando iba a ser detenido en abril.