La petrolera brasileña Petrobras, mayor empresa del país y protagonista de un gigantesco escándalo de corrupción que amenaza a importantes aliados del Gobierno, anunció este martes, 30 de diciembre de 2014, su veto a nuevos contratos con 23 empresas acusadas de haber formado un cartel para repartirse los negocios con la estatal.
La petrolera indicó que la suspensión de los contratos se extiende a todas las empresas citadas en denuncias de desvío de recursos de Petrobras, lo que incluye a varias de las mayores constructoras de Brasil, como Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Junior, OAS y Queiroz Galvao.
"Las referidas empresas serán temporalmente impedidas de firmar contratos y de participar en licitaciones de Petrobras", según un comunicado divulgado por la compañía, que es controlada por el Estado pero tiene acciones negociadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.
De acuerdo con la petrolera, las medidas preventivas tienen carácter provisional y buscan resguardar a la compañía de "daños de difícil reparación financiera y de daños a su imagen".
La empresa explicó que el llamado "bloqueo cautelar" se extiende a todas las empresas pertenecientes a grupos económicos que fueron acusados de formar un cartel para repartirse los negocios con Petrobras por implicados en el escándalo que aceptaron colaborar con la justicia a cambio de la reducción de sus condenas.
Las empresas afectadas fueron acusadas de formar un cartel tanto por el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, preso desde marzo pasado y uno de los principales implicados en el escándalo, como por el propietario de casas de cambio Alberto Youssef, que intermediaba en los negocios.Ambos aceptaron delatar a sus cómplices a cambio de beneficios penales.
El veto a las empresas citadas en las denuncias fue aprobado en una reunión que tuvo la Dirección Ejecutiva de Petrobras ayer, en la que también fue decidida la creación de una comisión que analice las denuncias con el fin de adoptar posibles sanciones administrativas.
Las denuncias de corrupción en Petrobras, que han paralizado a la empresa y provocado una pérdida de cerca del 40% en su valor de mercado este año, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo también tiene en la mira de las investigaciones a importantes empresas del país acusadas no solo de formar un cartel para distribuirse los contratos sino también de pagar millonarios sobornos a cambio de los negocios. Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la alianza que apoya a Rousseff.
Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10 mil millones de reales (cerca de 3 mil 850 millones de dólares).
