El Ministerio Público venezolano pidió el arresto del esposo de la destituida exfiscal general Luisa Ortega Díaz, un diputado disidente del chavismo, por supuestamente integrar una red que extorsionaba a sospechosos de corrupción.
“Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia”, dijo este miércoles 16 de agosto el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el legislador Germán Ferrer.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado de servir al gobierno– es el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer “esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad” como diputado, añadió.
Saab indicó en rueda de prensa que pedirá a la Asamblea Nacional Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, iniciar un proceso para retirarle el fuero parlamentario al marido de la exfiscal.
Ortega Díaz no es mencionada en la denuncia, pero “es muy difícil que no sepa nada” sobre los cargos que se le imputan a su esposo, afirmó el constituyente y líder oficialista Diosdado Cabello, quien presentó la querella.
Cabello acudió este miércoles 16 de agosto al despacho del fiscal para entregar las “pruebas” a nombre del órgano que reescribe la Carta Magna, pero que viene tomando medidas de inmediata aplicación.
En su primera decisión el pasado 5 de agosto, la constituyente destituyó a Ortega Díaz, una chavista que rompió con Maduro a inicios de abril tras denunciar un quiebre del orden constitucional.
La fiscal escaló en los últimos meses sus denuncias contra el gobierno, acusando a Maduro de tener “ambiciones dictatoriales”, y con procesos contra varios funcionarios por presunta corrupción y violación de derechos humanos.
Ferrer, por su parte, se separó del oficialismo y conformó una pequeña bancada en el Parlamento, de mayoría opositora.
Según la denuncia, el diputado y funcionarios de la Fiscalía integraban una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en casos de corrupción.
Les pedían hasta 600 mil dólares para que no fueran procesados, dijo Cabello, quien aseguró que la denuncia “no tiene nada que ver” con la postura política de la exfiscal y su esposo.