La Policía nicaragüense reiteró este sábado que no permitirá marchas "ilegales" ni provocación, ante la convocatoria el domingo a una manifestación opositora en Managua y advirtió que "tomará las medidas necesarias", según un comunicado.
"No se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso", anunció la Policía en un comunicado, tras advertir que "cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada".
Además mencionó que establecerá responsabilidades y cargos contra "quienes pretendan alterar la paz y la convivencia" en el país.
La movilización convocada por la recién creada Unidad Nacional Azul y Blanco, estaba programada para el domingo pasado pero fue suspendida por intensas lluvias que dejaron cuatro muertos y más de 20 mil afectados en todo el país.
Tras declarar "ilegales" las marchas el pasado 28 de septiembre, la policía ha impedido protestas en dos ocasiones en Managua, mediante el despliegue de fuerzas antimotines, bombas aturdidoras, golpes y captura de manifestantes.
Cardenal Leopoldo Brenes pide que se respeten las convocatorias a las protestas cívicas. Este sábado, la Policía Nacional nuevamente hizo alusión a que ninguna actividad de esta índole puede realizarse sin su autorización. pic.twitter.com/jG05k87HFF
Cardenal Leopoldo Brenes pide que se respeten las convocatorias a las protestas cívicas. Este sábado, la Policía Nacional nuevamente hizo alusión a que ninguna actividad de esta índole puede realizarse sin su autorización. pic.twitter.com/jG05k87HFF
— VOS TV (@VOSTV) October 13, 2018
El cardenal Leopoldo Brenes en declaraciones a la prensa abogó en favor de permitir la marcha de las ciudadanos "sobre todo si son cívicas, sin violencia, siempre es positivo".
Los organizadores de la marcha no se habían pronunciado en torno al comunicado de la policía.
Las protestas antigubernamentales, que iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de seguro social y tras la violencia que ha dejado más de 320 muertos, derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.