El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este miércoles, 2 de diciembre, la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar.
"Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar" el pedido de impeachment, dijo a periodistas Cunha.
La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados. Si ésta le da luz verde, será votada en el plenario de la Cámara baja.
Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff puede ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado.
"No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil" desde el punto de vista tanto económico como político, añadió Cunha.
El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento.
A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.