El presidente peruano Martín Vizcarra expresó que comprende la situación “difícil” de Alberto Fujimori y sus familiares, pero señaló que se debe cumplir con la decisión de la justicia que anuló un indulto médico otorgado al exgobernante y que lo obliga a retornar a prisión para pagar condena por abusos contra los derechos humanos.
En una entrevista la noche del jueves a la televisión estatal, Vizcarra afirmó que en este caso, “lo que corresponde es respetar una decisión del poder judicial”.
Vizcarra no respondió cómo procederá si Fujimori presenta a su despacho una nueva solicitud de indulto desde la cárcel.
Refirió que el jueves, legisladores de una facción fujimorista presentaron un proyecto de ley para que reos de 80 años o más sean liberados de forma anticipada si han cumplido al menos las tres cuartas partes de su sentencia.
El proyecto de ley ha sido calificado por los críticos de Fujimori como una iniciativa elaborada a la medida del expresidente.
Un frágil Fujimori hizo la víspera en un video y, desde la clínica privada donde está internado, un llamado dramático para que no lo envíen a la cárcel. El otrora hombre fuerte de 80 años aseguró que devolverlo a prisión sería condenarlo a muerte.
Alberto Fujimori: "Quiero pedirle a los miembros del Poder Judicial y al presidente de la República: por favor, no me maten" ► https://t.co/oYIW8cxAGV pic.twitter.com/qSS5ASPSdB
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— Canal N (@canalN_) October 4, 2018
La decisión del juez supremo Hugo Núñez anuló el miércoles el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en diciembre.
La medida debilitó profundamente la gestión de Kuczynski, quien había llegado al poder apoyado por los críticos del gobierno de Fujimori, que en Perú suman casi la mitad de los votantes. Kuczynski renunció en marzo y fue reemplazado por Vizcarra, quien era el primer vicepresidente.
Fujimori fue el primer presidente de Perú condenado a prisión por graves violaciones a los derechos humanos en 2009, luego que la justicia peruana lo sentenció por el asesinato de 25 peruanos por un escuadrón de la muerte conformado por militares que usaban la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
El escuadrón se financiaba con dinero público y fue amnistiado por Fujimori durante su gestión pese a las críticas de los familiares de las víctimas.
Gloria Cano, abogada de las víctimas del caso por el que fue condenado Fujimori, dijo a The Associated Press que le parecía “incongruente de que se piense ahora en el dolor de otros (Fujimori) y no se piense en el dolor de la víctimas y que no se haga el mínimo esfuerzo por encontrar a los desaparecidos”, en referencia a siete de los asesinados cuyos cadáveres aún no han sido encontrados.
Ni los militares que integraron el grupo de la muerte ni Fujimori han ayudado a indicar el lugar donde estarían enterradas esas víctimas que forman parte de los 20 mil 300 desaparecidos en Perú durante el violento conflicto armado interno que abarcó además de la gestión de Fujimori, los otras dos anteriores desde 1980.