El presidente filipino Rodrigo Duterte se ha mostrado dispuesto a "apretar el gatillo" para matar a criminales, mientras sugería la posibilidad de volver a poner a la policía al frente de la sangrienta campaña contra el narcotráfico en su país.
"Quienes violan a los niños, a las mujeres, esos hijos de... Si no queréis a la policía, estoy aquí. Los mataré. De verdad. Si nadie lo hace, apretaré el gatillo", declaró ante los medios.
Duterte hizo estas declaraciones el viernes por la noche en el sur de Filipinas, tras anunciar el 11 de octubre que retiraría a la policía de la lucha contra los narcotraficantes, a raíz de diversas denuncias contra la actuación de los agentes en una campaña que se cobró la vida de miles de personas.
La policía, compuesta por 165 mil hombres y mujeres, ha sido sustituida por la Agencia Filipina para la Lucha contra la Droga (PDEA), que apenas cuenta con 2 mil agentes.
El presidente filipino, que promete erradicar el narcotráfico en su país, compartió sin embargo sus dudas respecto a la capacidad de la PDEA para llevar a cabo su misión.
"Bueno, veremos qué ocurre en seis meses. Si las cosas vuelven a empeorar, le diré a esos monos: 'regresen al trabajo. Vamos a solucionar este problema", dijo refiriéndose a los policías.
El jefe de Estado ha declarado en varias ocasiones que jamás había pedido o sugerido a la policía que ejecutara a personas sospechosas de narcotráfico o de estar drogadas, aunque ha reconocido que estaría encantado de eliminarlas.
Duterte fue elegido el año pasado tras una campaña electoral en la que había asegurado que hasta 100 mil personas podrían fallecer en la erradicación del narcotráfico en su país.
La policía contabiliza la ejecución de más de 3 mil 900 "personalidades de la droga" desde la elección del presidente.
Otras 2 mil 290 personas fallecieron en casos sin resolver vinculados a la droga, según datos gubernamentales.
El mandatario filipino sigue gozando de un alto índice de popularidad, pero militantes de los derechos humanos y personalidades de la Iglesia católica han acusado a la policía y a milicias de haber llevado a cabo ejecuciones sumarias.
Las autoridades responden que la policía sólo mató a las víctimas en situaciones de legítima defensa.