La Unión Europea (UE) y la ONU presionaron este lunes 2 de octubre al gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido del domingo, marcado por violentas cargas policiales.
En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones “completas, independientes e imparciales” sobre “todos los actos de violencia” ocurridos el domingo en Cataluña.
La ONU reaccionaba así a la actuación de policías y guardias civiles encargados de impedir el referéndum, y que según afirmó Rajoy el domingo se limitaron a cumplir “con su obligación”.
En unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, los agentes recurrieron a porras, patadas, empujones y balines de goma contra los manifestantes decididos a votar, y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas. Según el ejecutivo catalán, casi 900 personas precisaron atención médica tras esas cargas, y dos de ellas tienen “pronóstico reservado”.
La Unión Europea pidió también a Madrid y Barcelona “pasar rápidamente de la confrontación al diálogo”, porque “la violencia nunca puede ser un instrumento en política”.
Minutos después, el presidente catalán Carles Puigdemont solicitó ante la prensa en Barcelona una mediación, que según él debe ser internacional “para que sea eficaz”.
También pidió la “retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña, por estos actos de represión”.
Puigdemont aseguró que fue “válido” el referéndum prohibido del domingo, en el que según su gobierno hubo una participación del 42.3% y dos millones de “síes” a la secesión de España, sobre un total de 5.3 millones de personas convocadas.
“Sobre este resultado tenemos el deber de tomar decisiones políticas”, aseveró Puigdemont, al día siguiente de abrir la puerta a una declaración unilateral de independencia, con su afirmación de que los catalanes se han “ganado el derecho a tener un Estado independiente”.
Un extremo al que respondió rápidamente el gobierno español.
“Si alguien pretende declarar la independencia de una parte del territorio respecto de España, como no puede, como no está dentro de sus competencias, habrá que hacer todo lo que la ley permite para impedir que sea así”, declaró el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
A pie de calle, la intensa movilización de los separatistas en las últimas semanas se mantenía este lunes. Pertrechadas de banderas independentistas y a gritos de “¡las calles serán siempre nuestras!”, miles de personas participaron en dos manifestaciones en Barcelona para repudiar la violencia policial.
Para este martes además está convocada una huelga general, a la que han animado a participar los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.