La Procuraduría de México confirmó a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero, en septiembre de 2014, que se han agotado todas las líneas de investigación surgidas a partir de las indagatorias, aunque la investigación sigue abierta, y que de ninguna declaración que se ha obtenido se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del Gobierno Federal hayan tenido participación alguna en la desaparición forzada.
De acuerdo con información disponible en el sitio de la Procuraduría, las declaraciones fueron realizadas ayer, martes 13 de enero de 2015, por el director de investigación criminal de la entidad, Tomás Zerón De Lucio, quien confirmó que se obtuvo una orden de aprehensión por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas contra el exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, quien está detenido desde noviembre del año pasado por cargos de delincuencia organizada.
Tal cual lo hiciera el procurador general, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014 -cuando anunció que daban por muertos a los 43 estudiantes, luego de haber corroborado las declaraciones de integrantes del cartel Guerreros Unidos, confesos por el crimen-, las autoridades presentaron a los padres de los desaparecidos un video en el que se detalló el resultado de la investigación, destacando la detención de 97 personas, y se presentó una cronología de los hechos, según las declaraciones y la reconstrucción narrada por las personas detenidas.
El proceso
"Se ha logrado acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda Villa [esposa de Abarca] con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, obteniéndose al día de hoy [ayer] una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada en reclusión y en contra de 53 personas más por el delito de delincuencia organizada", declaró Zerón.
El funcionario añadió que: "Asimismo, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velázquez, por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas, también dentro de una nueva consignación. De igual manera se obtuvo una orden de aprehensión en contra de cinco policías municipales del municipio de Iguala por el delito de desaparición forzada, así como el auto de formal prisión para los últimos 10 policías de dicho municipio consignados por esta Procuraduría hace unos días".
También remarcó que la búsqueda se realizó durante casi cuatro meses, de forma ininterrumpida, incluidos los días 24 y 31 de diciembre del año pasado e invitó a las familias a que sus asesores o representantes legales revisen los dictámenes que se encuentran dentro del expediente y que "indican la posibilidad de haber incinerado los cadáveres, tal y como lo señalan las declaraciones de los propios detenidos".
A la pregunta de por qué se inculpa solo por desaparición forzada a los cinco policías municipales, según la nota de la Procuraduría Zerón respondió: "Estos cinco corresponden en el tema de las primeras fosas, de los 30 cuerpos, de las cuales los jueces ya nos otorgaron [orden de aprehensión] para estos, a cinco policías, ...de los 30 cuerpos encontrados ahí, 12 los tenemos plenamente identificados y en su momento serán entregados, la investigación sigue abierta y seguimos trabajando".
El pasado 5 de enero, Zerón informó que el 29 de diciembre del 2014 fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación: Matías González Domínguez, Justo Neri Espinosa, Esteban Ocampo Landa, Jorge García Castillo, Gerardo Delgado Mota, José Alfredo Leonardo Arellano Landa, Ubaldo Toral Vences y Natividad Elías Moreno, Jesús Ricardo Barrios Villalobos y Agustín Cuevas Bello, todos ellos miembros de la Policía Municipal de Iguala, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Asimismo, precisó que el 3 de enero de 2015 se "ejerció acción penal en contra de todos ellos por los delitos de delincuencia organizada y secuestro", y que el mismo día el juez a cargo del caso determinó como legal su detención.
LOS FAMILIARES REACCIONAN
La agencia de noticias EFE reportó que el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, calificó de "pobre" el encuentro. Dijo que los avances en la investigación aún son "limitados", pese a que hay 97 detenidos. "Básicamente mantienen las mismas líneas, nos dicen que las investigaciones que se están realizando conducen al basurero de Cocula", indicó.
Los familiares, en "desacuerdo" con la PGR, afirman que existen "declaraciones, elementos y datos que hacen necesario que se abra una línea de investigación que conduzca al Ejército, al exgobernador [Ángel Aguirre] y al exprocurador del estado de Guerrero".
El portavoz, Felipe de la Cruz, aseguró que "hay por lo menos 10 estudiantes que han declarado que el Ejército participó el día de los hechos", así como "varios policías y personas de Guerreros Unidos". Por ello, reiteraron su demanda de que les "abran los cuarteles" para comprobar si los desaparecidos "están o no dentro de ellos".
La agencia reportó que desde la Secretaría de Gobernación se les ha indicado que "van a valorar en los próximos días" si se les concede dicha petición, afirmó De la Cruz.
Los familiares exigen que tanto el exalcalde Abarca como su esposa sean procesados "rápidamente" por desaparición forzada y su "participación directa" en los hechos.
Como próximas acciones, De la Cruz anunció a EFE que seguirán las movilizaciones, tanto en lugares públicos como cerca de instalaciones policíacas o militares "si es necesario". Asimismo, dijo que continuará la búsqueda ciudadana, ya que consideran que desde que el contingente de la Gendarmería de la Policía Federal llegó a Iguala, los resultados han sido "nulos".