Cada sábado durante casi dos meses, la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala se ha desbordado con miles de manifestantes que demandan el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
La mayoría son jóvenes de clase media, de la generación de los teléfonos celulares, y organizan las manifestaciones sin líderes a través de las redes sociales.
Pero en estas marchas también se puede ver a sacerdotes o monjas hombro con hombro con empresarios, y a estudiantes junto a amas de casa, en lo que los analistas llaman ya una movilización de masas sin precedentes que incluso ha cruzado las líneas socioeconómicas, políticas y de clase.
Enfurecidos por las revelaciones recientes de escándalos de corrupción y envalentonados por el encarcelamiento de decenas de sospechosos e incluso por la renuncia de la vicepresidenta, los manifestantes no muestran signos de cejar en su empeño.
Y han ido incrementando la presión sobre el gobierno, que culminó esta semana con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar luz verde a una investigación del Congreso que podría declarar un juicio político contra Pérez Molina.
"Es una expresión de frustración acumulada... que finalmente encontró una forma de expresarse públicamente y de forma masiva", dijo Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala y ex ministro de Relaciones Exteriores.
"Hubo gente de muchos sectores de la sociedad hartos de la corrupción". P.érez Molina no ha sido implicado en ningún delito e insiste en que su intención es cumplir el resto de su mandato que termina a principios del 2016.
Pero de todas formas los manifestantes le culpan después de saberse que los escándalos involucran a altos funcionarios de gobierno y de su entera confianza, y será la oposición que lidera el Congreso quién decidirá su destino político.
La primera bomba llegó en abril, cuando las autoridades desarticularon una estructura incrustada en las aduanas en la que funcionarios y particulares presuntamente recibieron sobornos de empresarios para reducir los aranceles sobre las importaciones.
Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, está acusado de liderar la estructura.
Monzón es ahora prófugo de la justicia y a Baldetti le han inmovilizado cuentas bancarias, allanado propiedades y le han prohibido salir del país.
Semanas después, la nación fue sacudida por un segundo escándalo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el que funcionarios supuestamente otorgaron un contrato de 15 millones de dólares para tratamientos a pacientes renales a una empresa que carecía de licencias de salud para brindar esos servicios.
Al menos 13 pacientes han muerto desde entonces.Ambos escándalos quedaron expuestos con la ayuda de una comisión de la ONU establecida en los últimos años para investigar las redes criminales, porque el sistema judicial de Guatemala fue visto como demasiado débil y propenso a estar cooptado por la corrupción para manejar las investigaciones de alto nivel.
En un país de más de 14 millones de habitantes que luchan con problemas sociales crónicos, tales como una tasa de homicidios de 34 por cada 100 mil habitantes, violencia rampante de pandillas, pobreza generalizada y desnutrición infantil, ver a los servidores públicos enriquecerse tan descaradamente fue un punto de inflexión, dijo Adriana Beltrán, analista de seguridad de la Oficina de Washington para América Latina, una organización con sede en Estados Unidos que promueve los derechos humanos en la región."