Puerto Rico se quedará sin fondos en menos de tres meses, advirtió el miércoles el gobierno en un informe de liquidez, en momentos en que busca permiso para reestructurar una deuda pública de casi 70.000 millones de dólares.
La isla tiene que hacer un pago de deuda de 1.300 millones de dólares en febrero, cuando expire una moratoria impuesta este año por el gobierno estadounidense. Otros 934 millones en pagos de bonos vencen de marzo a junio.
En meses recientes, Puerto Rico ya se ha atrasado en varios pagos de bonos por casi 1.400 millones de dólares, lo que ha hecho enfurecer a sus acreedores, quienes han presentado múltiples demandas contra el gobierno, al que han acusado de exagerar su situación.
Funcionarios gubernamentales advirtieron el miércoles que, si la moratoria no se extiende, la isla se quedará sin fondos para ofrecer servicios esenciales.
El informe también advierte que el sistema puertorriqueño de pensiones, que tiene un déficit de más de 40.000 millones de dólares, se agotará en el 2018 a menos que el gobierno tome medidas, tales como incrementar los impuestos.
"La crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto", dijo Víctor Suárez, secretario de Estado de la isla.
El gobierno divulgó el informe dos días antes de que una junta de control federal encargada de monitorear las finanzas de la isla se reúna en Puerto Rico por primera vez. Detalles adicionales divulgados el miércoles dejan ver que el gobierno local está creando un registro de todos los propietarios de bonos gubernamentales, y hasta ahora ha identificado a 350.000 propietarios que tienen el 68% de la deuda de la isla.
Cuando menos 6 mil millones de dólares de dicha deuda está en manos de puertorriqueños.
El gobernador Alejandro García Padilla ha estado exhortando a la junta a que autorice una reestructuración de la deuda para que Puerto Rico pueda reingresar a los mercados y emerger de una crisis económica de una década que solo está empeorando.
Su gobierno ha declarado un estado de emergencia en varias agencias y aplicado medidas de austeridad, como el aplazamiento de pagos a los departamentos de policía y de agricultura de la isla, entre otras.
El informe fue divulgado el mismo día que Ricardo Rosselló, el gobernador electo de Puerto Rico, se reunió con tenedores de bonos y agencias crediticias en Nueva York. Ha prometido mejorar la clasificación crediticia de la isla y reingresar a los mercados luego que las agencias degradaron la deuda puertorriqueña a la categoría de "basura".
Los bonos de Puerto Rico subieron luego que los votantes escogieron a Rosselló como gobernador la semana pasada. Él ha dicho que su principal prioridad es hacer que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.