El nuevo gobernador de Puerto Rico promulgó el jueves una controvertida reforma laboral que apunta al sector privado y busca estimular la economía, pese a las preocupaciones de que la nueva ley afectará los derechos de los trabajadores.
La legislación aprobada implementa horarios flexibles, reduce una bonificación navideña obligatoria, recorta los días de vacaciones, la paga por las horas extra de dobles a una y media, e implementa un período de prueba de nueve meses para la mayoría de los trabajadores.
Además, deroga una ley previa que autorizaba una bonificación adicional para quienes trabajan jornada dominical y permitía que los negocios permanecieran cerrados desde las 5 a las 11 de la mañana los domingos. Los partidarios dicen que la ley estimulará las inversiones y creará empleos en parte al reducir el costo de hacer negocios con la isla, mientras que los que se oponen a ella argumentan que solamente incrementará el éxodo de profesionales a Estados Unidos.
"En los últimos 10 años hemos perdido casi 300 mil empleos y esto ha provocado que varios hermanos puertorriqueños se hayan mudado a Florida y otras jurisdicciones buscando trabajo y calidad de vida", dijo el gobernador Ricardo Rosselló. "Es hora de detener la migración y la separación de nuestras familias".
Los cambios son algunos de los prescritos por una junta de supervisión federal creada por el Congreso el año pasado, la cual considera que las regulaciones de Puerto Rico vinculadas con la retención de empleados, el pago por despido, horarios flexibles y días de vacaciones obligatorios deberían reflejar los estándares estadounidenses.
Ahora la nueva ley permite que los empleados del sector privado trabajen hasta 10 horas al día durante cuatro días sin poder cobrar horas extra, e incrementa el subsidio por desempleo desde un máximo de 133 a 240 dólares por semana. Sin embargo, permanece la preocupación porque la isla de casi 3.5 millones de habitantes está sumida en una profunda crisis económica y enfrenta un desempleo de 12%, comparado con el promedio en Estados Unidos de casi 5%.
"La gente se empobrecerá más y gastará menos", dijo el representante Ramón Luis Cruz en una entrevista telefónica. "Esto desacelerará la economía en lugar de hacerla avanzar". Cruz explicó que la ley también anticipa una iniciativa en curso para privatizar ciertas agencias del gobierno y el establecimiento de más asociaciones público-privadas.
"Esto ha sido bien planeado", agregó. La legislación es la más reciente de varias promulgadas por Rosselló en un intento por estimular la economía mientras la junta de control federal busca la implementación de más medidas de austeridad.
El economista Gustavo Vélez dijo que pudiera ser necesario el paso de hasta dos años para ver los efectos de la nueva ley, que dijo, necesita ser acompañada por otras reformas planeadas, incluidos recortes fiscales y a las tarifas eléctricas, así como facilitar el proceso para obtener licencias de negocios.
Apuntó que la isla aún está perdiendo empleos y habitantes pese a un incremento de las prestaciones para los trabajadores puertorriqueños en el último decenio.