El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará el presupuesto nacional de 2017 ante la justicia, obviando al Parlamento, de mayoría opositora, en una maniobra que golpea al Poder Legislativo pero que puede traer graves consecuencias de cara a los mercados internacionales.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada este miércoles, 12 de octubre estableció que “el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional (del TSJ), bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley”.
Pese a ser una decisión de la máxima instancia judicial del país, diputados opositores sostuvieron que va en contra de la Constitución y alertaron que, de concretarse ese procedimiento, el gobierno se verá impedido de contraer deuda. “No hay, ni por estado de excepción ni por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto”, aseguró Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, oposición).
Por su parte, José Guerra, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, hizo un llamado de “alerta a los bancos de Venezuela, a los bancos del exterior, a los bancos de inversión, que se van a tener que abstener de otorgar financiamiento a un gobierno que está cometiendo una ilegalidad”.
El tribunal fundamentó su decisión en “el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
También sostuvo que la medida responde al “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica”, en vigor desde marzo pasado.
La corte acusa a la directiva de la Asamblea Nacional de encontrarse en desacato por haber juramentado a tres diputados indígenas de oposición, cuya elección fue objetada por el chavismo.