La represión de fuerzas del gobierno de Nicaragua contra protestas opositoras recrudeció este fin semana en vísperas de la reanudación de un diálogo que busca poner fin a la violencia que deja unos 200 muertos en poco más de dos meses.
El gobierno de Daniel Ortega y a la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia –de la sociedad civil–, fueron citados para el lunes a las 10H00 locales (16H00) por la Iglesia, mediadora del proceso, para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
La reunión, cuya sede será el seminario interdiocesano en Managua, se realizará tras la violenta jornada de ataques de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares contra barrios de la capital y de otras ciudades, que dejaron ocho muertos.
Entre las víctimas están un bebé de un año, un adolescente de 17 y dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde decenas de estudiantes están atrincherados.
Como parte del proceso de diálogo, este domingo llegarán a Managua técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el martes funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, a fin de indagar sobre los hechos de violencia.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático.
"Es imprescindible (...) que (el gobierno) nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio", subrayaron los obispos en un comunicado.
Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna por tercer periodo consecutivo desde 2007, no ha respondido a la demanda, pero se dijo dispuesto a trabajar por la democratización del país.