Mario Segura, un periodista mexicano, creó un sitio web para que los ciudadanos se adviertan unos a otros sobre violencia y corrupción. Segura fue secuestrado y golpeado.
El sitio de noticias de Emilio Lugo informó sobre un crimen en Acapulco que los diarios habían obviado. Desconocidos irrumpieron en su casa.
Verónica Basurto entrevistó a secuestradores en relación con vacíos del sistema judicial. Fue víctima de amenazas.
Hace mucho que en México el periodismo implica riesgos. En los últimos meses, sin embargo, el peligro ha alcanzado niveles sin precedentes. Centenares de periodistas y editores ahora viven de incógnito en el marco de un programa que auspicia el gobierno y publican de forma privada. A pesar de tales precauciones, 2015 parece encaminarse a batir récords en cuanto a cantidad de periodistas mexicanos asesinados.
“Cuanto más se prolonguen esos asesinatos, menos oportunidades hay de que quede alguien que desafíe la imperante sensación de impunidad”, se lamentó Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution en Washington. “Es uno de los aspectos más trágicos de lo vacía que se ha vuelto la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de reducir la violencia. Por otra parte, cuanto más parece extenderse la falta de acatamiento a la ley, peor es para los inversores”.
Brookings Institution es una organización sin fines de lucro de política pública. De acuerdo con su sitio web, su misión es llevar a cabo investigación independiente de alta calidad para proporcionar recomendaciones prácticas innovadoras que permitan avanzar en tres objetivos generales, entre ellos, asegurar un sistema internacional más abierto, seguro, próspero y cooperativo. Brookings se enorgullece de estar clasificada como el think tank más influyente, más citado y de mayor confianza.
Durante los últimos tres años, el gobierno ha tratado de contribuir proporcionando a los periodistas amenazados guardias y lugares de residencia confidenciales en un apartamento equipado con cámaras de video y cerrojos de seguridad. En el programa se cuentan 460 periodistas y activistas de derechos, dos tercios más que el año pasado, según Pablo Romo, jefe del consejo asesor independiente del programa.
DENUNCIAS NO ATENDIDAS
Romo dice, sin embargo, que el programa tiene numerosos problemas. Alrededor de un 15% de las denuncias queda sin atender debido a falta de personal, el coordinador ha cambiado dos veces en tres años y el hecho de que no se haya designado un director en su unidad de seguimiento de víctimas son indicios de lo que considera una gran falta de voluntad política.
El Ministerio del Interior no contestó las solicitudes de declaraciones.
Lugo, el periodista que informó sobre el crimen de Acapulco, ya no confía en el programa. Ingresó a éste en 2013, pero hace poco se alarmó luego de que funcionarios del refugio no investigaran a un hombre que lo había seguido y al cual reconoció. Volvió a huir con su familia, incluida su hija de ocho meses; y esta vez sólo depende de sí y de personas en las que confía.
El tema de la violencia contra los periodistas volvió a ingresar a la conciencia pública a fines del mes pasado, cuando el cronista gráfico Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres fueron asesinados en un barrio de clase media de Ciudad de México. Tanto Espinosa como Vera habían dicho en entrevistas grabadas que huían debido a amenazas de muerte por parte de funcionarios del estado de Veracruz.
Espinosa no aceptó protección federal porque no le genera confianza. Vera, por su parte, dijo que si algo le sucedía el responsable sería el gobernador Javier Duarte.
Catorce periodistas fueron asesinados en el estado de Veracruz desde que Duarte, que pertenece al partido del presidente Peña Nieto, entró en funciones en 2010, según Article 19, un grupo de defensa de los medios. Se trata de un porcentaje muy alto de los 88 asesinados desde 2000 en todo México.
Duarte ha negado toda participación y dijo que algunos periodistas locales están vinculados con grupos de delincuentes que sufren ataques de bandas rivales.
En respuesta a una dura carta escrita al mandatario por 400 intelectuales de todo el mundo -tras el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa el 31 de julio-, el Gobierno mexicano aseguró el pasado martes que "colabora" en el esclarecimiento de los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa reveló que ha recibido "instrucciones" del presidente "para seguir atendiendo personalmente este asunto" y condenó "categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos".
En un comunicado, Campa detalló que el compromiso de "Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días". "Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista", defendió Campa al mandatario.
México es de los pocos países del mundo que dispone de una web (www.periodistasenriesgo.com/) con un mapa de agresiones a los periodistas.
