La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió este martes "paz y tolerancia" frente a la crisis política que atraviesa el país, pocos días antes de protestas en contra y a favor de su gobierno que podrían generar enfrentamientos en las calles.
La agitación política que vive Brasil se agudizó la semana pasada con la conducción forzosa del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) a declarar ante la policía por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, episodio que erizó los ánimos entre detractores y defensores del gobierno izquierdista, quienes llegaron a enfrentarse a golpes frente a la residencia de Lula en Sao Paulo.
"En el momento que vivimos, una vez más, es necesario que reiteremos la importancia de la tolerancia (...). Que no haya violencia, bajo cualquier forma que eventualmente esta pueda presentarse", exhortó Rousseff en un discurso por el Día Internacional de la Mujer en la sede de la Presidencia en Brasilia.
Partidos y movimientos sociales opositores convocaron para el próximo domingo manifestaciones en las principales ciudades del país para pedir la salida de Rousseff del gobierno.
Hace exactamente un año, estos grupos lograron llevar tres millones de brasileños a las calles, y ahora buscarán recuperar la fuerza perdida a lo largo del año pasado.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) convocó marchas el mismo día en apoyo al gobierno y al expresidente Lula -su fundador-, quien según sus seguidores es víctima de un ataque orquestado por la oposición.
Rousseff, heredera política de Lula pero cuya popularidad se ha derrumbado al 11%, enfrenta en el Congreso un proceso de impeachment (juicio político) por supuesto maquillaje de las cuentas públicas, mientras la máxima corte electoral estudia si su campaña a la reelección tuvo financiación ilegal.
El gigantesco escándalo de sobornos en la estatal Petrobras ha puesto tras las rejas a prominentes empresarios, figuras del PT -entre ellos su extesorero Joao Vaccari y el gurú de campañas electorales de Lula y Rousseff, Joao Santana- y tiene bajo la mira de la justicia a decenas de legisladores en funciones, principalmente del gobierno y de su base aliada.