Cinco militares fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por un escándalo sobre supuestos seguimientos ilegales a los delegados del gobierno en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba. "Se decidió retirar a cinco uniformados de las Fuerzas Armadas y se podrían dar otros retiros según el curso de las investigaciones", explicó a periodistas el vicealmirante César Narváez, inspector general de las Fuerzas Militares.
En febrero de 2014 la revista bogotana Semana informó que desde una central de inteligencia en Bogotá aparentemente se espiaba, entre otros, a Humberto De la Calle, jefe del equipo del gobierno en las negociaciones con las FARC, y a Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz.
César Narváez
Inspector general de las Fuerzas Militares.
Luego de conocerse que la central de inteligencia había sido allanada por la Fiscalía días antes de la publicación periodística, varios altos oficiales fueron removidos de sus cargos, entre ellos dos generales.
Narváez indicó que la constitución de la central de inteligencia había sido legal, pero reconoció que "se encontraron fallas de seguridad, evidenciando indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia" y que "no se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil". En todo caso, enfatizó el oficial, no es política de las Fuerzas Armadas hacer labores ilegales de inteligencia y mucho menos si éstas atentan contra los derechos humanos.
Narváez también se refirió al caso de Andrés Fernando Sepúlveda, un experto en informática que según la Fiscalía General trató de boicotear el proceso de paz que desde fines de 2012 adelantan en la capital cubana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.
Sepúlveda, que trabajaba para la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, está en prisión desde mayo. Zuluaga ha dicho que ni él ni ninguno de los integrantes de su campaña participaron en actividades al margen de la ley.
Según Narváez, "se evidenció que al parecer algunos funcionarios de la fuerza pública, de manera individual, manejaron de forma irregular información clasificada" y al parecer participaron "en la entrega de información clasificada" a particulares, cuyos nombres no especificó. Dos militares y un policía están en la cárcel por el caso de Sepúlveda.
El martes el fiscal general Eduardo Montealegre anunció que había citado para un interrogatorio a Zuluaga y a su hijo por eventuales relaciones ilegales con Sepúlveda. Ambos han negado la acusación y denunciaron que no cuentan con garantías procesales para enfrentar una investigación penal en Colombia.
Tanto por el escándalo de la central de inteligencia como por el de Sepúlveda fueron relevados de sus cargos 20 uniformados. Adicionalmente, 268 integrantes de la fuerza pública fueron sometidos a la prueba del polígrafo y, según Narváez, ocho no la pasaron.