Las protestas antigubernamentales más grandes que se han visto en Rumania desde la violenta revolución de 1989 en la que fue derrocado el dictador Nicolae Ceausescu lograron el domingo que el nuevo gobierno anulara un decreto que despenalizaría algunos casos de corrupción.
La medida, a la que se opuso la influyente Iglesia ortodoxa rumana, habría debilitado las medidas contra la corrupción del país, que ha comenzado a lograr avances en una cultura del poder acostumbrado a la impunidad.
El gobierno cedió el domingo al cabo de seis jornadas de protestas callejeras, aunque tiene intención de presentar otra versión de la normativa en el Parlamento, donde podría ser sometida a debate e incluso conseguir la aprobación.
La sociedad civil rumana reaccionó de inmediato frente al decreto de emergencia aprobado la semana pasada a altas horas de la noche para tratar con indulgencia los casos de corrupción que implicaran montos menores a un equivalente a 48 mil 500 dólares.
Las multitudes reunidas durante las noches en Bucarest y otras grandes ciudades mostraron la indignación de ciudadanos que creen que una Rumania moderna y proeuropea no debe condonar la corrupción en las altas esferas frente a una élite adinerada que saldría beneficiada con una posible aprobación de la ley.
"Queremos que todas las personas sean iguales ante la ley y que no haya privilegios para quienes ocupan el Parlamento", dijo la ingeniera retirada Profira Popo, que protestaba en la Plaza de la Victoria. "Este gobierno está organizado desde los niveles más altos hasta los más bajos como el hampa, no queremos algo así".
Los detractores consideran que el decreto legitimaba las actividades delictivas de personas influyentes. La medida habría sido indulgente no sólo con infracciones futuras, sino que cancelaría los casos pendientes de resolución abiertos contra algunos políticos.
"La ley protege a una capa de expolíticos comunistas que continuaron robando durante años", dijo el ingeniero en software, Dorin Popa, de 36 años, que portaba un cartel con insultos hacia el gobierno. Popa dijo que la campaña anticorrupción emprendida en 2008 había "causado pánico" a la élite gobernante.