La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó la devolución del Canal 2 a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV), al tiempo que exigió al gobierno de Venezuela acatar y cumplir la sentencia de inmediato.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario peruano La República, indicó que las amenazas en contra de RCTV y sus trabajadores desde mucho antes de que el canal fuera confiscado y sus equipos robados, “demuestran cuán implacable puede ser un gobierno cuando quiere cercenar el derecho del público a la información”.
Gustavo Mohme
Presidente de la SIP
En tanto, la Corte falló que el Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia de Canal 2 desde el que transmitía RCTV; devolver los bienes materiales incautados; pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales; reintegrar costas y gastos; realizar procesos de asignación de frecuencias en forma transparente; así como rendir un informe, en el plazo de un año, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia.
Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, consideró que esta es “una victoria ejemplar ya que más allá de reconocer la legítima actuación de un medio independiente del gobierno y de desnudar la opresión del régimen venezolano, la Corte ordenó que los procesos de asignación y renovación de frecuencias 'sean conducidos de manera abierta, independiente y transparente' de ahora en adelante”.
De acuerdo con la Corte, la violación de la libertad de expresión perpetrada por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor, Nicolás Maduro, impactó sobre el derecho de los trabajadores y directivos del canal, así como en la ciudadanía “que se vio privada de tener acceso a la línea editorial que RCTV representaba”, en la consideración de que la “pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertada de expresión”.
La decisión de no renovar la concesión “buscaba acallar voces críticas al gobierno”, afirmó la Corte.
Durante el extenso juicio, la SIP presentó dos amicus curiae ante la Corte Interamericana por el caso de RCTV.
En mayo de 2014 le pidió que fallara en contra de la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y que obligara al Estado a reparar los daños por la incautación de bienes, utilizados luego para otro medio gubernamental. En julio de 2008 la SIP salió en defensa de un grupo de periodistas de RCTV en el “caso Luisiana Ríos y otros”.