REDACCIÓN INTERNACIONAL. (AFP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó este lunes que la nueva ley de comunicación aprobada en Ecuador significa "el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina".
El viernes pasado la Asamblea Nacional de Ecuador sancionó la Ley Orgánica de Comunicación, que establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
El sector privado controla actualmente 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas. Asimismo, la ley incluye la creación de un consejo regulador que restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios.
Para la SIP, esta ley regula contenidos periodísticos, impone sanciones administrativas y económicas, y establece la obligatoriedad de título universitario para los periodistas, entre otras disposiciones "que reducen a su mínima expresión el ejercicio libre del periodismo", dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
"Esta norma ha sido aprobada por un gobierno electo por el pueblo y por esa razón tiene legitimidad de origen, pero esta ley en particular demuestra con toda claridad que ese mismo gobierno carece de legitimidad de ejercicio", indicó Paolillo en un comunicado divulgado en Miami, sede de la SIP.
Para el ente patronal de medios, "las disposiciones que contiene (la ley) no se diferencian en nada a las que establecían las dictaduras militares que asolaron la región en los años '70 y '80 del siglo pasado". "Es el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina", enfatizó Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay.
Para el portavoz de la SIP, "la ley es la culminación de un plan del gobierno que se viene preparando y ejecutando desde que Rafael Correa asumió la Presidencia, que determina la instauración de la censura previa en Ecuador, legaliza la acumulación de medios en manos del Estado, viola toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, busca en forma directa eliminar los pensamientos críticos contra el gobierno y promueve la autocensura".
El presidente Rafael Correa, dijo el sábado que la nueva ley apuntará a que "haya buena prensa, verdadera libertad de expresión" en Ecuador y acusó a los medios de comunicación privados de "querer convertir la información en una mercancía".