SIP: ‘Un duro revés’ la enmienda constitucional sobre comunicación en Ecuador

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó como un "duro revés para la libertad de expresión en Ecuador” una reciente enmienda constitucional aprobada en ese país que convierte a la comunicación como un servicio público.



Según la organización, esa figura ya está contemplada en la Ley de Comunicación, en vigencia desde 2013, y que es usada por el gobierno de Rafael Correa como un “instrumento de presión y censura”.



“Una vez más el Gobierno ecuatoriano nos sorprende aplicando una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión”, manifestó Pierre Manigault, presidente de la SIP.



Manigault precisó que con esta enmienda el gobierno de Correa se atribuye la potestad “y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como rezan los principios internacionales, tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec”.



En tanto, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que con la enmienda "el gobierno de Correa ha querido simplemente darle legitimidad constitucional a la Ley de Comunicación que, por sí misma, no se sostenía, ya que el grado de censura que por ella se aplica es a todas luces un atropello a la Constitución y al Estado de derecho".



A través de un comunicado, la SIP recordó que ha venido denunciando que esta política gubernamental –además de ser agresiva con los medios críticos e independientes– es también utilizada para expandir la línea de medios oficiales que no son utilizados como públicos.



Mencionó que la semana pasada, el diario oficial El Telégrafo compró el 49% de las acciones de la compañía que edita El Tiempo de Cuenca.



En Ecuador, según un estudio de Fundamedios, hasta marzo de 2015 la nómina de medios al servicio del Gobierno ascendía a 27 en poder del Estado y uno paraestatal; así como una red de más de 300 radios editorialmente alineadas con el Gobierno, indica el comunicado.



La SIP se sumó también a la opinión de la organización ecuatoriana Fundamedios que calificó la reforma constitucional como "un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión".



La semana pasada Fundamedios hizo un llamado a los ciudadanos ecuatorianos y a la comunidad internacional a estar vigilantes sobre cualquier intento del gobierno de Rafael Correa de “estatizar" y tomar el control de un sistema de medios que "ya en este momento afronta las consecuencias de una concentración de poder estatal desmedido”.



La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el pasado 3 de diciembre un paquete de 15 enmiendas que, además de la reelección indefinida de cargos elegidos por voto popular, incluyeron temas laborales, de comunicación, de control y de funciones de las Fuerzas Armadas, entre otros.