La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la orden de un tribunal en Venezuela que impide la salida del país a 22 directivos y representantes de medios de comunicación involucrados en una demanda judicial del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por reproducir una información que lo vincula con el narcotráfico.
La jueza María Eugenia Núñez emitió ayer la restricción que impide viajar fuera de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, como lo solicitó Cabello al interponer su demanda el 23 de abril.
Esos tres medios reprodujeron una información del diario ABC de España, basada en declaraciones de Leamsy Salazar, excolaborador cercano de Cabello. La información, avalada por los editores del diario español, aseveró que Cabello sería uno de los jefes del Cartel de los Soles que trafica con cocaína en Venezuela.
Entre los 22 afectados por la orden judicial están Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual, y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director de La República de Lima, Perú, declaró que el impedimento a salir del país contra los directivos de medios “muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político. No se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debería haber citado primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular”.
Sobre el fondo de la cuestión –la demanda por publicar aseveraciones de la prensa extranjera- Mohme expresó que “se rompe así con los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que los medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios”.
Mohme hizo así referencia al fallo de la Corte IDH que exoneró al periodista Mauricio Herrera Ulloa –actual ministro de Comunicación de Costa Rica– y al diario La Nación de San José tras ser condenados por difamación por la Corte Suprema de ese país, al replicar informaciones de medios europeos sobre acciones corruptas que involucraban a un ex diplomático costarricense.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, señaló que la acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes, que “desenmascara el clima de autoritarismo que propicia el régimen de Nicolás Maduro”.
“Este acoso judicial –agregó Paolillo- es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros, y así montar un extensa maquinaria de propaganda, la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia”.