El general en retiro José Guillermo García, exministro de Defensa, vinculado a violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil en la década de 1980, fue deportado por Estados Unidos el viernes y llegó a El Salvador donde no enfrentará cargos ni restricciones a sus actividades.
Al igual que todos los repatriados, García, de 82 años, recibió un paquete de alimentos y debió participar en una charla de las autoridades migratorias de El Salvador, luego fue entrevistado por oficiales de la Dirección General de Migración y también por la Policía.
García fue condenado en 2012 en Estados Unidos por crímenes de guerra en el conflicto salvadoreño (1980-1992) y llegó a El Salvador en un vuelo del Gobierno de ese país que transportaba a otros 131 salvadoreños que también fueron deportados por las autoridades de migración.
Activistas de los derechos humanos llegaron hasta el aeropuerto internacional para exigir que el militar sea llevado ante los tribunales de justicia, pero García no será juzgado en El Salvador debido a una ley de amnistía decretada en 1983 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de las Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares de horrendos crímenes.
García, que fue ministro de Defensa desde 1979 a 1983, se había asilado en la Florida en la década de 1990, fue vinculado en un juicio civil en ese país con múltiples asesinatos y torturas cometidos por militares salvadoreños a su cargo durante la guerra civil, y de haber encubierto el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, ocurrido en marzo de 1980, y sobre una operación que encubrió la participación de un grupos de militares que mataron cuatro a mojas estadounidenses ese mismo año.
También lo acusan de haber encubierto la matanza de más de un millar de campesinos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. "Esta persona que llega de Estados Unidos ha sido condenada por torturador y asesino, por eso viene deportado para nuestro país, porque ha sido condenado por delitos de lesa humanidad", dijo el abogado David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Ortiz recordó que el exministro de Defensa "fue uno de los más poderosos del país cuando aquí se masacraban civiles", pero dijo que el país ya cambió y es importante darle un mensaje a la comunidad internacional de que "El Salvador no será refugio para torturadores y asesinos".
Por su parte Ovidio Mauricio, de la organización no gubernamental Tutela Legal María Julia Hernández", pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la ley de amnistía "en la que se están amparando estos criminales".
"Seguimos en un país lleno de injusticia, lleno totalmente de impunidad y él (García) sabe que al venir aquí vienen a gozar de toda libertad, de toda impunidad porque no hay un sistema de justicia capaz de poder investigar y deducir responsabilidad a los que cometieron graves violaciones a los derechos Humanos", dijo a la AP el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.