La batalla en tribunales contra la prohibición que impuso Donald Trump a los refugiados quizá dé paso a cuestionamientos sobre la autoridad del presidente para controlar las fronteras de Estados Unidos y sobre si la nueva política de inmigración discrimina a los musulmanes, lo que sería inconstitucional.
La secretaria de Justicia interina, la demócrata Sally Yates, dijo el lunes que ha instruido a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan el decreto de Trump en los tribunales, porque no está convencida de que sea constitucional.
Yates, quien fue designada por el presidente Barack Obama, sigue en el cargo porque el Senado aún no confirma al nominado presidencial Jeff Sessions.
Algunos defensores de los derechos civiles han impugnado en juzgados el decreto de Trump, que suspende temporalmente la inmigración de ciudadanos de siete países de mayoría islámica y el programa de refugiados de Estados Unidos.
Los jueces federales de diversos estados, entre ellos Nueva York, emitieron órdenes que impiden temporalmente al gobierno la deportación de personas con visa vigente que llegaron después de la puesta en marcha de la medida de Trump.
La procuraduría general del estado de Washington anunció que decidió demandar a Trump a causa del decreto presidencial.
El Consejo para las Relaciones Islámico-Estadounidenses también presentó una demanda en la que arguye que la orden viola la disposición de la Primera Enmienda que prohíbe el trato preferencial hacia personas de alguna religión, ya que al parecer favorece a los refugiados cristianos sobre los musulmanes.
"Aunque esta prohibición no se aplica a todos los musulmanes, sólo se aplica a los musulmanes", afirmó Gadir Abbas, uno de los abogados del consejo. "Ese tipo de manipulación religiosa es inconstitucional".
Los procesos judiciales apenas comienzan, y los juristas están divididos en cuanto a si los tribunales determinarán que la medida de Trump es constitucional.
La ley federal otorga al presidente facultades discrecionales para suspender la entrada de "cualquier clase de extranjero" si determina que esas personas "sería un peligro para los intereses de Estados Unidos".
Sin embargo, otra ley impide la discriminación de personas por su nacionalidad o lugar de nacimiento cuando se extiendan las visas a inmigrantes.
"Históricamente, los tribunales no han intentado regular la facultad del poder ejecutivo de determinar quién puede ingresar en el país", dijo Eric Posner, profesor de derecho de la Universidad de Chicago.
"El estatuto de inmigración otorga al presidente una facultad discrecional muy amplia para impedir la entrada de algunas personas en el país", incluso por razones de seguridad nacional.
Posner expresó confianza en que los jueces consideren con mayor detenimiento la medida si el gobierno logra demostrar que la adoptó para proteger la seguridad nacional y no por razones políticas.
También dijo que a los tribunales podría parecer convincente que la medida ejecutiva sea temporal y no permanente, y que no abarque a todos los musulmanes de todos los países, porque evidentemente no afecta a Arabia Saudí, la nación de donde procedían la mayoría de los secuestradores de los aviones de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
