Las repercusiones sobre el accidente de la aerolínea boliviana Lamia en Colombia con 71 fallecidos derivaron en mutuas recriminaciones y sospechas entre el gobierno y oposición en Bolivia.
El ministro de Defensa Reymi Ferreira insinuó el domingo que el senador opositor Róger Pinto, refugiado en Brasil, sería el accionista del avión siniestrado en Medellín el 28 de noviembre y dijo que el piloto fallecido, Miguel Quiroga, sería el testaferro de la aeronave.
Pinto es suegro de Quiroga, quien aparece como uno de los principales accionistas de la aerolínea. En declaraciones a medios locales, Pinto dijo que el piloto no tenía casa propia.
"Cómo es posible que alguien que no tiene casa pudo haber pagado entre 4 a 5 millones de dólares por el seguro de aeronavegación", pregunto Ferreira en entrevista con la televisora estatal y acotó que "no sería raro que (la aerolínea) tenga conexión con Pinto", quien huyó a Brasil en agosto de 2013 alegando persecución del actual gobierno.
Ferreira aseguró además que la investigación iniciada por el gobierno sobre la aerolínea "dará sorpresas".
Al parecer una de las piezas claves será el otro socio de la compañía, Marco Antonio Rocha, un ex piloto de la Fuerza Aérea quien salió a Paraguay días antes de la tragedia. La fiscalía inició un proceso a Rocha por presunto homicidio culposo pero todavía no ha pedido la extradición.
A su vez, Pinto negó vínculos con la aerolínea y acusó al gobierno de pretender involucrarlo para salvar responsabilidades. "Los que me acusan no tienen credibilidad", dijo.
La fiscalía denunció que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), una oficina gubernamental dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte otorgó en solo 20 días en diciembre de 2014, autorización para la importación del avión, matrícula y permiso de operaciones cuando habitualmente esos trámites llevan meses.
El director del Registro de Matrículas ahora destituido, es además hijo del gerente de la aerolínea —la Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación, conocida como LaMia— y ambos están en prisión preventiva bajo investigación por supuesto tráfico de influencia y homicidio culposo.
El Ministerio de Obras Públicas y la fiscalía investigan a la DGAC y de otros funcionarios que permitieron el vuelo del avión que cayó cerca del aeropuerto de Medellín con el equipo completo del Chapecoense de Brasil.
La causa probable del siniestro es que el avión partió de Bolivia sin combustible de reserva y agotó la gasolina antes de aterrizar.