La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes 20 de abril al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega por la violencia desatada en contra la sociedad civil que se manifiesta por las reformas al sistema de previsión social, al tiempo que reclamó respeto por las libertades de reunión y expresión, derechos individuales y sociales esenciales a la democracia.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, expresó que la dura represión que el gobierno emprendió contra los manifestantes y la censura impuesta a canales de televisión y a Internet, "desenmascara el autoritarismo de un gobierno que en sus once años solo ha buscado desmantelar al Estado para su propio beneficio y el de sus familiares".
Agregó que reprimir brutalmente las manifestaciones con el viejo ardid de organizar contramarchas gubernamentales, así como censurar a las estaciones de televisión 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y el Canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, "no es más que la demostración de un gobierno que está saboteando a su propio Estado y a la democracia".
Mohme llamó públicamente al gobierno de Nicaragua para que reestablezca las libertades de expresión y de reunión como establece su mandato constitucional.
La prensa independiente ha informado que la represión en contra de las protestas a las reformas del sistema de previsión social, que ya costaron la vida a cuatro personas, es responsabilidad de miembros de la Juventud Sandinista, una fuerza de choque bajo el mando del gobierno.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, dijo que en el camino al desmantelamiento de la democracia de Nicaragua, la familia del presidente Ortega ha creado una intensa estrategia de propaganda que incluye el manejo y la propiedad de muchos medios de comunicación que antes eran independientes.
Rock recordó que en la reunión de la SIP en Medellín que terminó el domingo, el gobierno de Daniel Ortega fue denunciado como uno de los peores en materia de respeto a las libertades de prensa y de expresión.
En sus intenciones anti libertad de prensa, la vicepresidente del país, Rosario Murillo, pretende censurar las redes sociales a través de decretos que regulen la conversación pública.
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