JUSTICIA BRASILEÑA

El Supremo de Brasil suspende el juicio político contra Dilma Rousseff

Fachin justificó su decisión en la necesidad del STF de analizar a petición del Partido Comunista do Brasil la constitucionalidad de la ley que regula las normas del proceso de destitución de la mandataria.

El Supremo de Brasil suspende el juicio político contra Dilma Rousseff
El Supremo de Brasil suspende el juicio político contra Dilma Rousseff

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin decidió, la noche del martes, suspender temporalmente el proceso con vistas a un posible juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, según informaron hoy fuentes oficiales.

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Fachin justificó su decisión en la necesidad del STF de analizar a petición del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) la constitucionalidad de la ley que regula las normas del proceso de destitución de la mandataria, sobre la que el plenario de la Corte deberá pronunciarse el próximo 16 de diciembre.

Por este motivo, el magistrado ha decidido suspender de manera inmediata la formación de la comisión especial del Congreso, conformada por 65 diputados, que tiene la misión de analizar si las acusaciones hechas contra Rousseff tienen peso jurídico como para provocar la destitución de la jefe de Estado.

Esta decisión se produjo el mismo día en que se había puesto en marcha la formación de esta comisión, con la presentación de dos listas de diputados que deberían formar parte de ella, con un resultado desfavorable al Ejecutivo, pues la lista más votada, por 229 votos a favor y 199 en contra, fue la propuesta por la oposición.

Una de las cuestiones que deberá ser ahora analizada por el STF es precisamente el sistema de votación secreta con el que se ha elegido hoy a los miembros de esta comisión en la Cámara Baja.

Con el fin de evitar nuevas acciones que pudieran ser anuladas por el STF en el futuro, Fachin optó por suspender el proceso. Los cargos a los que hace frente Rousseff se fundamentan en una serie de maniobras fiscales que el Gobierno llevó a cabo en 2014 y continuó en 2015, con el fin de maquillar sus cuentas.

La apertura de un proceso con miras a la destitución de la jefe de Estado fue solicitada por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores que consideran que esas maniobras suponen "delitos de responsabilidad", una de las causas que la Constitución brasileña contempla como motivo para destituir a un mandatario. 


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