Suspenden audiencia para definir juicio a Pérez Molina y Baldetti

Un juez suspendió el lunes la audiencia en la que se iba a definir si el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti debían ir a juicio por presunta corrupción luego de un recurso interpuesto por la Procuraduría General.



Menos de una hora después de haber iniciado la audiencia el juez Miguel Angel Gálvez decidió suspenderla debido a que la Procuraduría, que representa los intereses del Estado, presentó un recurso de apelación contra la decisión del magistrado de no permitirle participar en el proceso.



El juez dijo que para evitar que la Procuraduría se viera afectada se suspendía la diligencia judicial.



En la audiencia por primera vez Pérez Molina y Baldetti se vieron las caras tras permanecer meses en prisión acusados de corrupción.



El inicio de sesión judicial en la sala abarrotada de periodistas, acusados, abogados y policías se vio retrasado por la ausencia de Baldetti, quien se reportó enferma y no quiso salir de su celda.



Sin embargo, el juez Gálvez ordenó bajo amenazas de procesar al director del Sistema Penitenciario que fuera trasladada a la torre de tribunales. Varios minutos después Baldetti, en prisión desde el 21 de agosto de 2015, llegó al tribunal.



Uno de los primeros procesados en llegar fue el expresidente, quien acudió esposado junto a guardias del sistema penitenciario.



Pérez Molina está en prisión desde el 3 de septiembre de 2015 luego de haber renunciado al cargo.



Al finalizar la audiencia Pérez Molina, de 65 años, dijo a la prensa que es inocente y acusó de injerencia a Estados Unidos. “Yo no me digo inocente, yo soy inocente”, dijo Pérez Molina sobre las acusaciones en su contra. “Voy a demostrárselo al juez”.



Agregó que el gobierno estadounidense a través de su embajador en Guatemala colocó personas de su confianza en las cortes de justicia e inició una “persecución política” en su contra.



La Fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo y ha presentado 200 pruebas de la supuesta participación de los acusados en esos delitos.



El Ministerio Público sostiene que los exfuncionarios fueron parte de una estructura que defraudó al Estado guatemalteco por varios millones de dólares.



Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas a cargo de desarticular aparatos clandestinos y de seguridad en el Estado guatemalteco y que contribuyó en la investigación, Pérez Molina y Baldetti consintieron, permitieron y se beneficiaron de una estructura denominada “La línea” integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.



Por el caso más de 100 personas, entre exfuncionarios, particulares y empresarios, son investigados. Al menos 500 mil documentos y 88 mil escuchas telefónicas se han analizado en casi un año de investigación.