Tribunal congela bienes de Jorge Ignacio Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia

El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín congeló los predios que están a nombre del magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Ignacio Pretelt, y de su esposa Martha Ligia Patrón, en los municipios de Turbo y Arboletes, en el Urabá antioqueño, reporta el diario El Espectador.



Estas medidas cautelares –a solicitud de la Fiscalía General– impiden que los terrenos sean vendidos, arrendados o hagan parte de alguna actividad económica.



Las acciones se dan en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en cómo fueron adquiridos los predios. Según la Fiscalía, dichos predios habrían sido comprados de manera irregular por Patrón, después que sus legítimos dueños fueran desalojados por los grupos paramilitares que delinquían en el departamento de Antioquia en los noventa.



Así las cosas, se busca establecer si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt Chaljub y su esposa, quien actualmente trabaja en la Procuraduría General, cometieron los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.



En la actualidad existen 137 reclamos de campesinos que piden la restitución de dichos predios, tras afirmar que, debido a la presión de paramilitares, las vendieron a un bajo costo.



Por su parte, Jorge Ignacio Pretelt ha dicho que predios fueron adquiridos de manera legal. A través de su cuenta de Twitter, el magistrado ha asegurado que es víctima de una persecución, hecho por el cual solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le brinden medidas cautelares.



El polémico magistrado de la Corte Constitucional también está acusado de pedir un soborno para torcer una decisión judicial. Según medios locales, Pretelt le habría solicitado a un abogado 500 millones de pesos (un poco más de 200 mil dólares) para fallar a favor de la empresa Fidupetrol en una acción de amparo en la Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia en asuntos de la carta magna. Pretelt también niega esta acusación.