Un tribunal local venezolano aprobó este martes, 10 de abril, una nueva medida privativa de libertad contra un alto exejecutivo de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) vinculado con las numerosas tramas de corrupción en la empresa.
El Tribunal Segundo de Control del estado de Falcón ordenó la detención de Jesús Luongo, exvicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y legitimación de capitales, entre otros, informó el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado.
Junto con Luongo también se aprobó la captura de otros tres exejecutivos del Centro de Refinación Paraguaná -compuesto por las refinerías de Amuay, Cardón y Bajo Grande- y el presidente de una empresa contratista.
Luongo, que ya estaba detenido por otro caso, fue vinculado con un irregular contrato suscrito por el Centro de Refinación y una empresa de servicios que suministraba diésel con sobreprecio para uso de los equipos de la filial de mantenimiento de las refinerías de Amuay y Cardón, que figuran entre las mayores del mundo, ubicadas en el estado Falcón.
El combustible era adquirido por un intermediario por 0.048 bolívares por litro en el complejo refinador, luego era revendido y tras una serie de truculentos procesos era nuevamente facturado por la empresa de servicio Espidel, contratista de Pdvsa, que transportaba en un camión el diésel semanalmente de vuelta al centro refinador para el uso de su filial de mantenimiento con un sobreprecio de hasta mil 51.16 bolívares por litro, destacó el escrito.
Más de un centenar de funcionarios de Pdvsa han sido detenidos en meses recientes, entre ellos, dos exministros de petróleo. Luongo fue detenido el año pasado por su presunta vinculación con el empresario Diego Salazar, primo del ex zar petrolero y exembajador de Venezuela en Naciones Unidas Rafael Ramírez, que fue detenido como parte de una investigación por el supuesto uso de cuentas en un banco de Andorra para lavar unos mil 602 millones de dólares.
En 2015, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó al banco de Andorra de lavar unos 2 mil millones de dólares robados a Pdvsa.