Luisa Ortega, la destituida fiscal general de Venezuela, denunció al presidente Nicolás Maduro y altos mandos militares de su gobierno por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de 8 mil 290 personas en 2015 y el mes de julio del presente año.
En una rueda de prensa, a su salida de la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), Ortega informó que, además de Maduro, su denuncia incluye a quienes han sido copartícipes en la ejecución de un plan sistemático y generalizado contra la población civil, con el fin de ejecutar una "limpieza social".
Y enumeró: Vladimir Padrino López, exjefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y actual ministro de la Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director de la policía política Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y Antonio Benavides Torres, jefe del Gobierno del distrito capital.
Ortega expresó que Maduro y sus colaboradores fueron denunciados "por estar incursos en crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma. Han cometido asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. En mi condición de fiscal general he cedido una carga probatoria, todos los elementos con que cuenta el Ministerio Público, más de mil elementos probatorios, experticias, reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas".
Aseguró que se vio en la necesidad de acudir a esta instancia internacional porque en Venezuela "no hay justicia" y no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes.
"Estamos denunciando que en 2015 fueron asesinadas mil 777 personas por funcionarios policiales y militares; en 2016, 4 mil 667 personas bajo las mismas condiciones, y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de mil 846 personas, todos bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el gobierno de limpieza social", aseguró la chavista disidente que en marzo pasado denunció la ruptura del hilo constitucional del país y comenzó una escalada de declaraciones con el gobierno del presidente Maduro.
#ENVIVO Acabo de denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/8BMeM1pHRI
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— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) November 16, 2017
Ortega, quien se declara fiscal general legítima de Venezuela en todos los foros del mundo a los que acude a denunciar la situación del país, huyó del país el 18 de agosto denunciando que estaba siendo perseguida por el Sebin, y de que copartidarios -entre ellos el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello- la calificaran de traidora por rechazar las acciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ejecutivo que violentaban la autonomía de la Asamblea Nacional y en rechazo a la convocatoria de la constituyente, que calificó como inconstitucional.
En su denuncia, Ortega también incluyó la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), creadas por el presidente Maduro a finales de 2015 supuestamente para contrarrestar la criminalidad que azotaba a esa nación, especialmente a la ciudad capital, que se ubicaba para ese año como la más alta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. No obstante, las OLP no se quedaron en Caracas, fueron exportadas a estados como Bolívar, Miranda, Zulia y Carabobo, y las denuncias de asesinatos y violaciones de derechos humanos comenzaron a multiplicarse. De hecho, Ortega aseguró en su denuncia que en estas operaciones fueron asesinadas 505 personas. "Es otra limpieza ejecutada por grupos tácticos de combate, fuerzas especiales como llaman", afirmó.
También incluyó en la denuncia al menos 17 mil detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura, la militarización de la seguridad ciudadana, a través de la Resolución 8610, la cual, añadió, también permitió el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, "lo que también trajo como consecuencia muerte y represión hacia el pueblo de Venezuela".
"Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad, así como también debe pagar por el hambre, las miserias, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela", remarcó Ortega, quien añadió que ha solicitado que se libre orden de captura internacional contra el mandatario y las demás personas que denunció y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad.
En septiembre pasado, organizaciones de venezolanos recogieron unas 112 mil firmas que adjuntaron a una nota en la que solicitaron a la CPI agilizar los trámites, continuar o profundizar los trámites por los delitos que hubiera cometido o pudiera estar cometiendo el Gobierno venezolano en contra del pueblo.
Mientras, la Organización de Estados Americanos ha efectuado una serie de audiencias con víctimas de las prácticas represivas del gobierno, quienes han sustentado sus denuncias ante un grupo conformado para tal fin, con el propósito de determinar si sus acusaciones contra el gobierno de Maduro podrían constituir prueba para presentar una denuncia por delitos de lesa humanidad.