PRIMER SEMESTRE DE 2015

Reportan 147 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

Reportan 147 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela
Reportan 147 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela


La oenegé venezolana Espacio Público divulgó hoy, martes 11 de agosto de 2015, un reporte sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, para el período que va de enero a junio del presente año.

En el documento, de nueve páginas, se denuncian 147 violaciones a la libertad de expresión, aunque se matiza que esa cifra es un 61% más baja que la del mismo período del año 2014 –cuando hubo 373 violaciones-, ya que a diferencia del presente año, fueron meses en los que abundaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y con ellas, las represiones a los manifestantes.

El informe registra ocho tipos de violaciones, aunque la mayoría se concentra en las intimidaciones (37), hostigamiento verbal (33) y censura (28).

Le siguen, en cantidad de casos, las agresiones (20), el hostigamiento judicial (11), las restricciones administrativas (9), la amenaza (8) y el ataque (1).

INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO VERBAL

Según el informe de Espacio Público, en el primer trimestre del año las acciones de intimidación se produjeron en medio de coberturas sobre las largas filas que hacen los venezolanos para comprar productos de primera necesidad. A los periodistas se les impidió tomar fotografías, hacer grabaciones, e incluso hubo agresiones de agentes de seguridad.

En tanto, en el segundo trimestre, la intimidación y el hostigamiento verbal estuvieron vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo cuando intentaban cubrir “temas incómodos para la gestión gubernamental e incluso durante procesos electorales”.

“También se manifiesta en la prohibición de acceso a edificios o espacios públicos por parte de funcionarios bajo motivos personales o de enemistad política, en declaraciones destinadas a desacreditar el trabajo periodístico independiente, el señalamiento de la prensa como adversario político por parte de funcionarios cuando no se sigue la línea pro-gubernamental”, señala el documento.

El informe cita el caso de la periodista Daniela Nougues, de El Estímulo, a quien el 29 de junio de 2015, durante las primarias, se le acercaron grupos simpatizantes del gobierno que estaban armados con palos. “Preguntaron si yo era periodista de la de ellos o escuálida, no me dejaban hablar y pensé que me iban a quitar mi cartera”, relató Nougues a la organización.

Chavistas intimidan a periodistas en primarias del PSUV http://t.co/SSOATmb9nM Vía @espaciopublico

 

También se menciona el caso de la periodista de El Nacional Maru Morales, a quien el 19 de mayo pasado se le impidió cubrir la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, por órdenes directas del director de prensa, Hernán Canorea, quien, horas antes –durante un contacto telefónico con la periodista- se sintió ofendido y le reclamó que estuviera grabándolo sin notificación, y le exigió que le entregara la grabación.

El 20 de mayo la periodista volvió a la Asamblea para cubrir las comisiones y en las puertas del edificio le volvieron a decir que por orden de Canorea no estaba autorizada a ingresar. Morales se comunicó con el jefe de prensa, quien le señaló: “Si El Nacional quiere hacer cobertura de lo que pasa en la Asamblea Nacional, que mande a otro periodista”, narra el informe.

Solidaria con la periodista @osmarycnn, nuevo blanco de agresiones de parte de funcionarios del Estado.

 

CENSURA

En el reporte de Espacio Público la censura es definida como “supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida e impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos”.

Llama la atención que de los 28 casos registrados en los seis primeros meses del año, en 12 los responsables fueron los dueños o directiva de medios de comunicación; siete fueron atribuidas a los cuerpos de seguridad; tres recayeron sobre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Centro Nacional de Comercio Exterior; dos fueron achacadas al gobernador del estado Vargas. Simpatizantes del Gobierno Nacional, hackers y el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer, del estado Táchira, ejecutaron una censura cada uno.

En el caso de las violaciones atribuidas a ejecutivos de los medios, el documento señala que el denominador común es el tratamiento de temas incómodos para la gestión gubernamental, y hace referencia a que la “compra-venta de medios críticos se ha manifestado en un cambio de línea editorial hacia una postura favorable a la línea gubernamental, lo que deviene en una serie de tensiones internas que se traducen en censura, [e incluso despidos] y reduce el espectro de opinión a un entorno cada vez menos plural”, entre otros aspectos.

Uno de los casos que se utiliza para ejemplificar la censura es el de la periodista Génesis Arévalo, despedida del diario La Verdad el 11 de junio, tras una declaraciones en un programa de radio en las que denunció haber sido víctima de acoso tras la publicación de una investigación periodística.

Me preocupa que la libertad de prensa y de expresión sean censurados en mi hermoso estado Vargas. Mi caso es un ejemplo.

 

“El diario La Verdad, del estado Vargas, anunció su cierre hasta el día lunes 15 de junio, por órdenes del gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien informó que permanecería cerrado hasta el día lunes, siempre y cuando el rotativo cumpla con las exigencias impuestas por el Seniat [El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria], la Contraloría y otros entes del Estado. Trascendió que este hecho guarda relación con el despido de la periodista Génesis Arévalo, tras la publicación de un trabajo donde se denunciaban hechos de corrupción y lavado de dinero en la construcción de un estadio de béisbol en el estado”, señala el informe.

Se destaca, asimismo, que la mayor incidencia de violaciones a la libertad de expresión se registró en el distrito capital (46), seguido de los estados Anzoátegui y Zulia, con seis casos cada uno, y Carabobo y Táchira, con cuatro cada uno.

En cuanto al desglose de los afectados por las violaciones, encabezan la lista los periodistas (65), seguidos de los medios de comunicación (53), los reporteros gráficos (17) y trabajadores de la prensa (11).

VICTIMARIOS

Un hallazgo de la investigación es que los funcionarios desplazaron a los cuerpos de seguridad como principales victimarios. Los cuerpos de seguridad se habían mantenido en el primer lugar entre enero y mayo de 2015, señala el documento.

“Los funcionarios han arremetido contra la prensa en 30 oportunidades”, dice el informe. Y dentro de los funcionarios, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se ubica como el principal victimario. “El 40%, es decir, doce (12) de treinta (30) arremetidas contra la libertad de expresión fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales contra medios de comunicación y periodistas”.

Carlos Correa: Este semestre tuvimos mucha política estatal tratando de construir miedo

"Lo que tuvimos en este primer semestre fue mucha dinámica o política estatal tratando de construir miedo, es decir, censurando, intimidando, descalificando a los periodistas públicamente, tratando de que efectivamente  no circularan informaciones que fueran incómodas para el poder político especialmente". Así se refirió el director de Espacio Público, Carlos Correa, al resultado del informe sobre libertad de expresión.

Explicó que este año han visto que detenciones como la del presidente de la Asociación de Licoreros afectan de manera indirecta al periodismo porque el periodismo se nutre de las fuentes, y lo que ese empresario estaba haciendo era hablar sobre los problemas que afectan al sector y por eso fue castigado y está detenido. "Es decir, hablar tiene consecuencias, seas intermediario, un periodista, o una persona que habla sobre temas que le afectan", indicó.

Sobre el caso de Osmari Hernández, corresponsal de CNN, Correa señaló que una de las cosas que vieron en 2014 y que con el caso de Osmari ven como una tendencia preocupante, es el hostigamiento de medios internacionales y periodistas que trabajan en ellos. Usan "recursos muy duros porque al señalársele como un traidor a la patria y mostrarla ponen en una situación de riesgo al periodista, porque lo ubican como enemigo. Esto genera un riesgo para el ejercicio profesional de una persona que hace cobertura informativa y esas descalificaciones no ayudan al libre flujo de la información", apuntó.