Legisladores opositores anunciaron que comenzarán el martes un proceso para remover a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que se atribuyeron las competencias de la Asamblea Nacional y avivaron las tensiones políticas en este país sudamericano marcadamente divido.
"El proceso de remoción es necesario y va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional", dijo el diputado Juan Miguel Matheus a The Associated Press.
Posteriormente, argumentó que pese a que el Tribunal Supremo suprimió parte del contenido de las sentencias y revirtió la decisión que limitaba la inmunidad de los diputados, "eso no los exime de la falta cometida en desmedro de la Constitución".
Sin embargo, eso no necesariamente ocurrirá, puesto que la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Poder Ciudadano facultadas para obrar al respecto de manera colegiada, son señaladas de estar controladas por el oficialismo, situación que aleja la posibilidad de que los magistrados sean apartados de sus cargos.
Las sentencias del Tribunal Supremo desataron además una oleada de críticas a nivel internacional y llevaron a la OEA a convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el lunes para evaluar la crisis venezolana.
"El gobierno quiere hacerle creer al mundo que ellos dieron marcha atrás y regresaron las competencias a la Asamblea. Esa es una farsa, el hecho es que los magistrados atentaron contra la independencia de poderes, violaron la Constitución y en Venezuela sigue persistiendo el golpe de Estado", manifestó.
Pese a la "revisión" de las dos sentencias, en la práctica la Asamblea Nacional "sigue privada de sus funciones" por el Tribunal, que ha bloqueado sus competencias desde que el Legislativo fue instalado el 5 de enero de 2016, por primera vez con mayoría opositora en 17 años, resaltó el diputado.
La oposición plantea que para superar la crisis es necesario que sean convocadas elecciones, se designe un Tribunal Supremo "independiente" y se retiren las 56 sentencias emitidas por el máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional en los últimos 15 meses.
Los críticos del gobierno sostienen que se mantiene "el desconocimiento" del Congreso puesto que los magistrados insistieron el sábado en que la Asamblea debe someterse a los dictámenes del Tribunal por estar en "desacato" y al parecer siguen vigentes los poderes plenos otorgados al presidente Nicolás Maduro, entre los que destacaba la facultad de crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno de los legisladores.