Un total de 394 ciudadanos colombianos, de los cuales 42 son menores de edad, han sido deportados por Venezuela en los últimos dos días, luego de que entrara en vigor el estado de excepción decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro tras un ataque en la frontera, informó hoy el Ministerio del Interior de Colombia.
Ante esta situación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo hizo hoy un llamamiento a las autoridades venezolanas para "que se pueda solucionar este drama humanitario de una forma rápida sin afectar a los derechos de los colombianos en Venezuela".
En una rueda de prensa celebrada en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Cristo aseguró que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se comunicará en el día de hoy con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "para conversar sobre esta situación".
El pasado miércoles los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de Maduro tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos.
Tras el cierre de la frontera, Maduro decretó el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, que entró en vigor el sábado, y cerró "hasta nuevo aviso" todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, que es, asegura, usada por contrabandistas y paramilitares.
Cristo explicó que el vicepresidente venezolano, Jorge Alberto Arreaza, se encuentra haciendo una visita en la ciudad fronteriza de San Antonio de Táchira, por lo que le ha pedido aprovechar esta situación para un mantener una reunión. Asimismo, afirmó que actualmente ambas partes están "definiendo el sitio de la frontera donde se va a realizar" la reunión entre las cancilleres de ambos países que debe celebrarse el próximo miércoles.
En su intervención, el ministro también anunció la creación de un centro de mando unificado liderado por la Policía y el Gobierno en la ciudad de Cúcuta (noreste) para atender la llegada de deportados.
En dicho centro habrá funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las autoridades regionales y municipales.