Amnistía Internacional ha denunciado este lunes, aniversario de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, que la comunidad internacional sigue sin acordar la suspensión global de la venta de programas espía, con el consiguiente descontrol en los sistemas de vigilancia internacionales.
Amnistía recuerda que gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el invasivo programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar “de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y profesionales del derecho”.
A pesar de “ciertos pasos en la dirección correcta”, los responsables de Amnistía consideran que la actuación en este sentido de los gobiernos sigue sin ser suficiente. “Resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global”, ha declarado Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech.
Amnistía recuerda que, a lo largo del último año, su Laboratorio sobre Seguridad ha descubierto nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia.
Además, el laboratorio ha confirmado por su cuenta que, en numerosos casos, se seguía utilizando Pegasus para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y Palestina, Polonia y España.
“El Proyecto Pegasus vino a recordar la necesidad de actuar con carácter de urgencia para regular un sector que carece de control. Es vergonzoso que los gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital”, ha lamentado Ingleton.
Paso en los tribunales
En la actualidad hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes de resolución en Francia, India, México, Polonia y España. En marzo, el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA para investigar el empleo de Pegasus y de otros programas espía en Europa.
Además, en noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos incorporó a NSO Group a su Lista de Entidades por “realización de actividades contrarias a la seguridad nacional o a los intereses de política exterior”.
Ese mismo mes, Apple presentó una demanda contra NSO Group para pedir responsabilidades por la vigilancia y los ataques que habían sufrido usuarios y usuarias de Apple. Durante las últimas semanas ha trascendido que L3Harris, empresa contratista de defensa de Estados Unidos, está negociando para hacerse con la propiedad del software Pegasus.
El futuro de NSO Group sigue siendo incierto. “Es preciso oponerse a cualquier maniobra de NSO Group para modificar su modelo empresarial con el fin de eludir la rendición de cuentas. Todo el sector de la vigilancia ha quedado incapacitado y necesita una reforma urgente”, afirma Ingleton.
“Seguimos pidiendo la suspensión mundial de la venta, transferencia y empleo de programas espía mientras no se instauren salvaguardias de derecho humanos que regulen sus empleo”, concluye.
