Un tribunal dominicano aplazó para el 27 de abril la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas en el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, la madrugada del 8 de abril de 2025.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, tomó la decisión tras una audiencia de más de siete horas en las que escuchó las conclusiones de decenas de abogados de familiares de una parte de los fallecidos, y de representantes de varios de los heridos.
El magistrado además resolvió rechazar la petición de reproducir testimonios de testigos por entender que la audiencia preliminar no es el escenario para someter interrogatorios y contra interrogatorios, por lo que advirtió a las partes abstenerse de ese recurso extemporáneo.
Algunos abogados de querellantes solicitaron al tribunal el desistimiento de estas acciones.
Mejía Zorrilla recordó a las partes que la audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, donde el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes para llevar a un acusado a juicio.
El derrumbe del techo de uno de los centros de diversión más populares de Santo Domingo se produjo mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta. El artista y uno de sus músicos estuvieron entre las víctimas fatales.
También murieron, entre otros, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de la provincia de Montecristi (noroeste), Nelsy Cruz, el diseñador de modas Martín Polanco, y varias de los empleados del centro de diversión.
El Ministerio Público, que ha pedido enjuiciar a Antonio y Maribel Espaillat, asegura que los dueños de la discoteca realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a “ninguna” institución, “por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación”, lo que, alega, “constituye una inobservancia a la ley” y “una muestra de negligencia de parte de los mismos”, afirmaron los fiscales.
La acusación subraya que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
La tragedia, la primera de su tipo que se registra en República Dominicana, afectó a prácticamente todos los estratos sociales del país.