Al menos 342 personas han muerto en Irán a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas iniciadas hace dos meses, según la organización no gubernamental (ONG) Iran Human Rights (Ihrngo), con sede en Oslo.
Miles han sido arrestados desde septiembre y algunos están en riesgo de recibir sentencias de muerte por cargos vinculados con la seguridad, algo que ya ha ocurrido en cinco casos.
Esta ONG cree que la cifra real de muertos es “seguramente más alta” y resalta que ha recibido una “alta cifra” de informes de muertes que está investigando “teniendo en cuenta consideraciones de seguridad e interrupciones de internet”.
Se han registrado muertos en 22 provincias iraníes, la mayoría en Sistán, Baluchistán, Teherán, Mazandarán, Gilan y Kurdistán.
“Dado que los actuales funcionarios políticos y jurídicos tienen una historia de crímenes contra la humanidad en la década de 1980, la repetición de esos crímenes es posible. La comunidad internacional, la sociedad civil y la gente deben plantear el coste político de las ejecuciones para evitar que ocurran tales atrocidades”, señaló en un comunicado Ihrngo.
Nacida en 2005 y registrada en Noruega desde 2009, Ihrngo asegura estar formada por personas de dentro y fuera de Irán y cuenta con miembros en Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos.
El informe sale justo cuando Irán vivió una violenta noche con movilizaciones a lo largo del país y dos ataques a tiros que causaron al menos 12 muertos.
Las protestas que comenzaron tras la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, se han intensificado en los últimos días por la conmemoración de las movilizaciones de 2019, en las que murieron 300 personas.
“Mujer, vida, libertad”, el eslogan de las protestas, resonó anoche en numerosas ciudades del país, como Teherán, Gorgan, Sanandaj o Isfahan, donde los manifestantes bailaron en torno a hogueras.
En tanto, el Gobierno iraní acusó este jueves a Israel y a países occidentales de tratar de provocar una guerra civil para “desintegrar” el país persa.
“Servicios de seguridad, el falso régimen israelí y políticos occidentales que han elaborado planes para una guerra civil, la destrucción y desintegración de Irán, sabed que Irán no es Libia o Sudán”, dijo en Twitter el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian.
“Los enemigos atacan la integridad de Irán y la identidad iraní”, añadió el diplomático.
Las autoridades iraníes han acusado en repetidas ocasiones a Estados Unidos de fomentar las protestas con el apoyo de Israel y Arabia Saudí.
Incluso han llegado al extremo de acusar de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (Estados Unidos) a las dos periodistas iraníes que desvelaron el caso de Amini, Nilufar Hamedi, que acudió al hospital donde estaba ingresada Amini, y Elahe Mohammadi, que cubrió su entierro.
En tanto, Amnistía Internacional y el conjunto de ONG que asisten al Congreso contra la Pena de Muerte de Berlín denunciaron la indefensión absoluta de grupos especialmente vulnerables, como las mujeres, o minorías como la kurda, ante la aceleración de las ejecuciones en Irán.
Al menos 21 participantes en las manifestaciones pacíficas en Irán están expuestos a ser condenados a muerte, según la directora de AI en Oriente Medio y África, Diana Eltahawy. Son miles ya los detenidos en esas marchas, contra cuatro de los cuales se tiene constancia de que están acusados formalmente de actuar “contra la revolución islámica”, lo que se castiga con la pena capital.