La Fiscalía de Perú mantuvo este martes una reunión con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para coordinar acciones de cara a la segunda vuelta electoral, que se celebra el próximo 7 de junio, a fin de “evitar posibles irregularidades en el proceso”.
A través de sus redes sociales, la institución detalló que el encuentro lo mantuvo la Coordinación Nacional de Prevención del Delito con representantes del ente organizador de las elecciones, cuyo exjefe, Piero Corvetto, renunció días después de la primera vuelta debido a las fallas logísticas ocurridas.
“En la jornada, la entidad electoral garantizó el apoyo necesario para la labor fiscal previa, durante y posterior a los comicios, especialmente en el traslado del material electoral a nivel nacional”, indicó el Ministerio Público.
Agregó que además, la ONPE remitirá el cronograma de reparto de dichos insumos, con el propósito de efectuar un monitoreo oportuno y alertar ante cualquier posible irregularidad.
La primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril estuvo protagonizada por graves retrasos en la apertura de centros de votación de Lima por la demora en la llegada del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en la capital; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.
Estas irregularidades provocaron que la Fiscalía abriera una investigación contra Corvetto y otros funcionarios por la presunta comisión del delito de colusión agravada y omisión de actos funcionales.
Este lunes, la Contraloría General (Tribunal de Cuentas) de Perú identificó a al menos una decena de funcionarios con responsabilidad en las irregularidades registradas a los que les imputa responsabilidades penales y administrativas.
De acuerdo a la Contraloría, la ONPE favoreció supuestamente de manera indebida la contratación de la empresa de transporte Galaga para encargarse de la distribución del material electoral, al reducir en mitad del concurso público el tamaño mínimo de los camiones que debían utilizarse en el reparto de 10 a 8 metros cúbicos.
La Contraloría también advirtió que Galaga realizó el transporte del material electoral en 437 vehículos alquilados para la ocasión (el 92 % del total) y solo 40 vehículos (8 %) eran propios de esta empresa, lo que según el organismo, “se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección”.
Tanto la ONPE como las misiones de observación nacionales e internacionales han determinado que estas irregularidades no afectaron al resultado final de la votación, que calificaron de creíble y transparente, pese a la ajustada definición para pasar a la segunda vuelta entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien ha denunciado sin pruebas un fraude en su contra.