Al elegir a varios miembros de una consultora privada de Washington, D. C. para su gobierno, Joe Biden alimenta una controversia sobre un sistema que permite a los altos funcionarios estadounidenses trabajar para grupos influyentes entre periodos en la administración.
El próximo jefe de la diplomacia estadounidense, Tony Blinken, la directora de la inteligencia estadounidense, Avril Haines, y la portavoz del gobierno, Jen Psaki, han trabajado para la firma WestExec Advisors.
El general Lloyd Austin, elegido por el presidente electo para dirigir el Departamento de Defensa, no sólo es consejero de WestExec, sino también uno de los dirigentes del fondo de inversiones de la empresa, Pine Island Capital Partners.
Y, según medios estadounidenses, Biden piensa en otro asesor de WestExec, David Cohen, como director de la CIA, la principal agencia de inteligencia estadounidense.
Tras cuatro años de acusaciones de conflictos de intereses contra Donald Trump, Biden ha recibido críticas por recurrir a esa consultora privada, que tiene vínculos estrechos con la industria de la defensa.
“Ahora le toca al gobierno de Biden y a esos candidatos demostrar que tomarán medidas prudentes para evitar cualquier conflicto de intereses”, dice Noah Bookbinder, director de la oenegé anticorrupción Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).
Después del desprecio de Trump por las reglas éticas, “espero que el próximo gobierno saque lecciones” de ello, añade.
WestExec fue creada en 2017 para acoger a miembros del gobierno de Barack Obama tras la elección de Donald Trump.
La empresa ofrece servicios de asesoría estratégica a compañías que quieran aprovechar su conocimiento sobre cuestiones de seguridad y defensa.
Su nombre viene de la West Executive Avenue, una pequeña calle sin tráfico que separa a la Casa Blanca del gran edificio que alberga a la mayoría de las oficinas del ejecutivo estadounidense, el Eisenhower Executive Office Building.
Algunos consideran las prácticas de esa empresa como una forma de cabildeo, el uso de redes de influencia para convencer a altos funcionarios y congresistas de modificar leyes para beneficiar a sus clientes.
En Estados Unidos varios escándalos de corrupción han llevado al Congreso a imponer estrictas reglas a esos grupos de presión, entre ellas la obligación de identificar públicamente a las compañías para las que trabajan.
Pero las consultoras y sus empleados han quedado al margen de esa norma y no tienen por qué divulgar los nombres de sus clientes.
La revista especializada The American Prospect y el diario The New York Times identificaron, sin embargo, a algunos clientes de WestExec como el fabricante de drones Shield AI, contratado por el Pentágono; Schmidt Futures, gestionada por el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt, o la empresa israelí Windward, experta en inteligencia artificial.
El fondo de inversiones de WestExec, Pine Island, consiguió 283 millones de dólares para invertirlos en compañías de la industria de la defensa.
Tony Blinken y Lloyd Austin son dirigentes de Pine Island.
Para Richard Painter, un exconsejero jurídico de la Casa Blanca, el problema es la falta de transparencia de las compañías de asesoría estratégica.
“Lagunas jurídicas como ésta se multiplicaron bajo el mandato de Trump y deben desaparecer. Los nombres de los clientes deberían ser al menos divulgados a los encargados de las cuestiones éticas si no se hace público”, tuiteó.