El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este miércoles una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que Washington considera una “dictadura” contra la cual aplicará todo el peso legal y diplomático disponible.
Biden sancionó la “Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021″, más conocida como Ley RENACER por sus siglas en inglés, “la cual impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega”, informó la Casa Blanca, destacando que permite “restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen”.
En un comunicado, el Ejecutivo estadounidense agradeció el “liderazgo” de los legisladores que impulsaron la iniciativa, aprobada la semana pasada con amplio apoyo bipartidista.
Entre ellos están Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, y Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, además de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz.
También aparecen el congresista demócrata Albio Sires, y su colega republicana María Elvira Salazar, cuyo exmarido, Arturo Cruz, es uno de los siete aspirantes presidenciales detenidos.
Ortega, en el poder desde 2007, ganó el domingo un cuarto mandato consecutivo en un proceso electoral con opositores presos, partidos ilegalizados y decenas de miles de exiliados.
“Fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, dijo Biden el mismo domingo en un comunicado de la Casa Blanca, calificando de “farsa” los comicios.
Estados Unidos “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua”, agregó, y prometió “responsabilizar” al gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, “y a quienes faciliten sus abusos”.
La Ley RENACER presenta un arsenal de medidas para abordar lo que considera corrupción y violaciones de los derechos humanos del gobierno de Ortega y Murillo.
Para ello, requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.
Además, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Managua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares rusas a Managua.
