El 54% de la población de Bolivia rechaza una reforma constitucional para permitir, mediante referendo popular, una nueva reelección del presidente Evo Morales, cuando concluya su actual mandato en 2020, señala una encuesta difundida este domingo por cuatro diarios del país. Los bolivianos fueron llamados a votar el próximo 21 de febrero para aprobar o rechazar la reforma de la Carta magna para permitir al gobernante izquierdista, instalado en el poder desde 2006, optar por un cuarto mandato para el período 2020-2025. Morales, de 56 años, comenzó a gobernar en 2006, tras arrollar a la oposición en las urnas, y revalidó el cargo dos veces consecutivas, por la misma vía electoral, en 2010 y 2015.
Un sondeo divulgado de manera simultánea por los diarios El Deber de Santa Cruz (este), Los Tiempos de Cochabamba (centro), Página Siete de La Paz y Correo del Sur de Chuquisaca (sureste), los de mayor tirada en el país, estableció que 54% de los bolivianos está en desacuerdo con la modificación constitucional para facilitar la reelección.
El mismo estudio explica que un 40% está de acuerdo con la reforma legal, mientras que un 6% no sabe o no responde. La encuesta, realizada del 27 de noviembre al 1 de diciembre en las nueve capitales de departamento y la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, establece un margen de error –dice la encuesta elaborada por la firma privada Marcas y Muestras– de 3.47 puntos porcentuales.
El mismo trabajo demoscópico también indica que 53% de la población rechaza la propia reelección de Morales que solo podría producirse, de aprobarse la reforma constitucional en el referendo de febrero próximo.
Otro sondeo elaborado por la consulta Ipsos, por encargo de la televisora privada ATB, señala que solo un 39% está de acuerdo con un nuevo mandato presidencial de Morales a partir de 2020.
La analista Erika Brockmann, entrevistada por Página Siete señaló que hay tres factores que están afectando a Morales y que se han hecho manifiestos en las últimas semanas: las denuncias de corrupción sobre exministros y dirigentes sindicales oficialistas, la excesiva publicidad estatal y un contexto político internacional adverso, como lo que ocurre en Argentina y Brasil.